Tiene una destreza para descubrir casos fraudulentos y es una persona con discapacidad auditiva. Francisco Cedeño, exinvestigador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, conversó con este Diario sobre corrupción.

El economista Jorge Rodríguez renunció a la coordinación de la CNA. ¿Eso es una pérdida para el país?
Sí. Demuestra que hay un vacío en la lucha contra la corrupción en los órganos de control.
 
¿Investigar es una tarea difícil?
Es difícil todo lo concerniente a la corrupción y a la actuación pública. Genera ansiedad y expectativa, pero no miedo.

¿Cómo era el trabajo en la Comisión Nacional Anticorrupción?
Empecé a trabajar en 2015. Pero el economista Jorge Rodríguez primero me probó para verificar si podía o no investigar con ellos. Teníamos un equipo pequeño y siempre contamos con el apoyo de los comisionados y su valiosa experiencia. Ellos juntos tenían más de cinco siglos de trajinar, y yo aprendí mucho de todos.

¿Cómo definían los temas?
La CNA tenía muchas denuncias ciudadanas. Pero los temas se definían según su relevancia nacional, como el caso Manduriacu, por ejemplo. En el Gobierno anterior la información no era accesible. Ahora hay demasiadas fake news, rumores y temas mediáticos que no son importantes y te hacen perder el tiempo.

Ustedes destaparon el caso Manduriacu...
No contábamos con la información y fue complicado establecer las irregularidades de ese caso. El contrato fue con Odebrecht por $ 124 millones, pero costó el doble: $ 250 millones.

Los precios se elevaron por los malos estudios y por las obras de los contratos complementarios. Hicimos una comparación con otras obras públicas y nos dimos cuenta de que eso era un modus operandi: elevar los costos; el gobierno de Correa trató de justificar esos costos a través de estudios y de contratos complementarios.

Una cosa era la obra y otra el proyecto completo. Establecimos que la Senplades aprobó el precio original. Pero añadieron la línea de transmisión, que costó $ 20 millones, un túnel, por ejemplo. También había obras para informar sobre ese proyecto.

¿Cómo analizaban esa información y la búsqueda de documentos?
Me convertí en agente de obtención de documentos. Pero ya existían personas e incluso altos funcionarios del gobierno de Correa que se sentían asqueados de tanta corrupción. Ellos nos ayudaron con información real, que no se filtra de cualquier lado o desde los mandos bajos, sino de las altas esferas. Incluso esto ocurre por el “mal reparto”.

La gente tiene esa espinita y te dice busque por allí; hay muchas irregularidades y suelta información. Además, muchos entregaron información para evitar que  los envuelvan a ellos. Pero la CNA hizo lo correcto y en los informes estuvieron los que facilitaban la información.

¿Qué encontraron en el caso de la Refinería del Pacífico?
El doctor Julio César Trujillo estuvo a cargo de esa investigación. Yo conseguí todos los documentos, revisé los convenios entre PDVSA y Petroecuador; los del gobierno de Correa y el de Chávez, luego obtuve el proceso de adquisición del terreno. Viajé a Manabí para investigar esa negociación y el doctor Trujillo encontró el sobreprecio de esa obra: el terreno costó $ 121 mil  y al año siguiente tenía un avalúo de $ 13,5 millones.

Al final fue comprado en $ 6,5 millones. Tuvimos ayuda de otros investigadores del país, con ellos comparamos los estudios técnicos que hicieron. Había muchas irregularidades, como las licencias tecnológicas, por ejemplo. Petroecuador y la Refinería pagaron $ 600 millones por ellas, aunque no se utilizaron, como contó el actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez.

¿Qué les garantizaban a los denunciantes?
No encubrimos a ningún funcionario público o privado que  estuvo involucrado en alguna irregularidad. En la Comisión no había rasgos de amistad ni lazos familiares. El mandato era claro: denunciar la corrupción, luchar contra la impunidad y sacar a la luz a todos los actores, actos, fechas y cifras de lo que había ocurrido en el país.

Otra de sus investigaciones fue Toachi-Pilatón. ¿Qué encontraron en ese caso?
El IESS entregó un fideicomiso de $ 250 millones  para esa obra a la empresa pública de la Prefectura, HIDROTIOAPI. Fue un préstamo para el avance de esa obra. Los jubilados del IESS denunciaron ese tema. Pero el Gobierno actual devolvió $ 40 millones al IESS. Habían estudios mal hechos y problemas en sus diseños.

Uno de los contratistas para la consultoría, Yousee AG, empresa suiza, debía viajar a Ecuador para tomar las muestras de los materiales utilizados. Pero nunca llegó. Esa consultoría costó $ 32,8 millones a Toachi-Pilatón. Además, esa empresa y otra china, WE, China International Water and Electric Corporation,  abusaron del convenio de doble tributación y no pagaron los impuestos en Ecuador.

¿Un investigador siente impotencia porque hoy se denuncia y la justicia no actúa con rapidez?
Hemos normalizado la corrupción. Hoy se roban un millón de dólares y nosotros hablamos de la pintura de un mural. No podemos olvidarnos. La gente no dice nada cuando el robo de los recursos públicos es de $ 8 millones, pero sí habla cuando es de $ 100 millones. Se normaliza la impunidad y cuando venga el próximo Gobierno nos olvidaremos de la corrupción de Correa.

Eso no puede ser,  hay que educar en honestidad a los niños porque es un activo productivo, como dicen los daneses. Dinamarca es uno de los países con menos corrupción en el mundo. (I)