Un total de 40 organizaciones de la sociedad civil, congregadas en la Mesa de Convergencia, emitieron un pedido claro y específico a las autoridades del Gobierno: frenar la corrupción y que los casos no queden en la impunidad.

César Ulloa, integrante de ese colectivo, manifestó que el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador, que es promovido por la Mesa de Convergencia, es una respuesta ciudadana en una época de crisis y descrédito del sistema político.

Mencionó que las organizaciones le entregarán una alternativa al país, una respuesta a la crisis. El pacto está compuesto por ocho mesas temáticas, una de ellas se refiere a lucha contra la corrupción.

“La corrupción perjudica siempre a los sectores más pobres, agota la autoestima e identidad de la ciudadanía, por el sentimiento de descrédito”.
Indicó que, según un informe de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), $ 35 mil millones sería el monto que se desvió del Estado en actos corrupción.

En varias ocasiones, los colectivos ciudadanos han actuado, anticipado, denunciado casos de corrupción en instancias estatales, un claro ejemplo es el trabajo de la CNA. Por ejemplo, Germán Rodas, coordinador de la CNA, dijo que el organismo denunció y advirtió al Gobierno sobre el reparto e irregularidades en los hospitales del sistema de salud pública.

La Comisión denunció los hechos, con nombres de empresas y de sus dueños a la Fiscalía General del Estado, a mediados de 2019. Rodas cree que ha faltado mano firme en las acciones de lucha contra la corrupción por parte de las autoridades del Estado.

Víctor Granda, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), señaló que la labor de control que se realiza al Estado debe ser independiente, con integrantes probos para realizar esta acción. Mencionó que el papel que juegan las comisiones u organizaciones ciudadanas son trascendentales, fundamentales e insustituibles.

Aclaró que en el Estado, que tiene una estructura de control, deberían funcionar la Asamblea Nacional, Consejo de Participación, Contraloría, que lamentablemente se ven influenciados por intereses políticos o prebendas.

Indicó, por ejemplo, que el excontralor Carlos Pólit era un instrumento de la corrupción. “Ahora, con Celi, se investigan los casos y se dictan responsabilidades penales”. “Hay que regenerar moralmente al Estado, los organismos de control tienen que funcionar, para eso la sociedad civil tiene que controlar y plantear sus denuncias, para que haya una reacción dentro del Estado”.

El informe del Barómetro de las Américas “Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas” determinó que dos de cada tres ecuatorianos (el 64,3%) opinan que más de la mitad de los políticos en el país están involucrados en actos de corrupción.

El mismo estudio señala que “el Ecuador está, además, entre los países que muestran mayores niveles de tolerancia hacia la corrupción; 25,4% de los encuestados justifican el pago de algún soborno o coima en ciertas circunstancias”.

Ante estas cifras, la decana de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, comentó que en ese contexto la sociedad civil es importante para la lucha contra la corrupción, puesto que la misma condena moralmente o valida la corrupción.

“Nuestra actividad es necesaria, porque mientras la sociedad civil tolere estas prácticas, fomentaremos la corrupción, pues, como dice el estudio, toleramos esta práctica”.

Hidalgo añadió que si los ciudadanos empiezan a generar buenas prácticas sociales y dejamos de tolerar la corrupción, se podría luchar contra ella. (I)