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Ecuador, 24 de Diciembre de 2024
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Fiscal comparece ante comisión que investiga sucesos del paro nacional

Fiscal comparece ante comisión que investiga sucesos del paro nacional
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La fiscal Diana Salazar informó a la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional las actividades que la Fiscalía General del Estado desarrolló durante el paro nacional (3 al 13 de octubre de 2019).

La funcionaria Indicó que la institución no detuvo su trabajo y que tramitó denuncias de acuerdo al procedimiento legal correspondiente. Fueron 595 noticias del delito a nivel nacional y se registraron 1.419 detenidos.

Entre los delitos que ingresaron a la entidad, durante el periodo del paro, están varios tipos penales, como paralización de servicio público, instigación, rebelión, entre otros.

Además acotó que investigaciones contra indígenas, dirigentes del taxismo y autoridades gubernamentales, así como el incendio en Teleamazonas, están en marcha, señala la fiscal Salazar.

Además, la Fiscal se refirió al pedido de medidas cautelares para la prefecta de Pichincha, Paola P., procesada por el delito de rebelión durante los días de protesta.

"El caso de rebelión en contra de Paola P. no es un tema político, sino técnico jurídico.  Pese a que es un caso en que debe guardarse reserva, he conocido que entre los elementos de convicción hay intercepciones telefónicas y abundante información", expuso.

Salazar hizo hincapié en que "la Fiscalía actúa de manera objetiva y recaba todos los elementos para presentarlos y sostenerlos ante los jueces", señala la fiscal.

Sobre los hecho ocurridos en la Contraloría señaló que existen 28 personas detenidas, seis adolescentes procesados a quienes se les reformularán los cargos por terrorismo. (I)

A la mesa legislativa, también acudió el Contralor del Estado Pablo Celi, que junto con los legisladores recorrieron las instalaciones del edificio consumido por las llamas. El titular de la Contraloría mencionó que el ataque se concentró en los departamentos que ejecutan los resultados de las auditorias, para determina responsabilidades.

“Se busca destruir la base documental de esa transferencia de información que sustenta procesos administrativos, civiles e indicios penales. Se buscaba romper el proceso secuencial del sistema de control de Contraloría en lo que tiene que ver en los sustentos de auditoria sus traslados al campo judicial y de sanciones administrativas". (I)

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