En el país se ha dado el caso más grande de estafa que se haya registrado en la historia y lo peor es que fue a la vista de todas las autoridades y propiciada por políticos.  

Se trata de los asentamientos humanos irregulares, a través de los cuales han sido perjudicadas 22.064 familias, lo que equivale a $ 80’841.200.

Por esta razón una de las principales acciones de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) ha sido judicializar a los responsables de la estafa, además de frenar las invasiones a través de la creación de una política pública de no tolerancia, que empezó a regir desde el año 2010, según anunció el Presidente de la República, Rafael Correa.

Por tratarse de tantos perjudicados y sobre todo porque pertenecen en su gran mayoría a sectores vulnerables, la entidad de control está pidiendo que “se indemnice a los afectados, que se reparen materialmente los daños, ya que estamos hablando de cientos de familias afectadas. Una de las estafas más grandes en el país. Así que estos $ 80 millones deberíamos multiplicarlos por 4, por lo que le cuesta a ellos conseguir el dinero”, detalló Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría.

En el país no existía información validada de cuántos asentamientos humanos irregulares habían a nivel nacional; eso cambió desde 2012 cuando empezó a funcionar la Secretaría, que emprendió un proceso de levantamiento de información y de diagnóstico del problema para poder elaborar una política pública.

Actualmente Ecuador tiene registradas 840 alertas de invasiones luego de que llegaran a la entidad; de esas, 472 han sido inspeccionadas, lo que ha dado como resultado 352 asentamientos irregulares comprobados. Las dos ciudades que registran más asentamientos son Guayaquil y Durán, en ese orden, según indicó Quiñónez, quien detalló que es un tipo de mafia que ha operado libremente en el país.

Por ello la Secretaría da seguimiento a toda una red que está detrás de las estafas de ventas de terrenos ilegales. “Están involucrados los traficantes de tierras, el funcionario público que pasa los datos de los predios desocupados, los funcionarios judiciales, como jueces y notarios; además de personas de los municipios, es toda una red”, indicó el Secretario. Aunque no dio mayores detalles para no entorpecer el proceso judicial acotó que están “investigando 3 notarías en donde se daban papeles (sesiones de derecho a cooperativas de viviendas). Se escudaban en esos documentos para proceder. Por las investigaciones aún no se puede decir cuáles son”, acotó.

Para frenar esta forma de engañar a las personas la Stpahi impulsó durante 2013 la disolución de 7 cooperativas de vivienda que estafaban a ciudadanos.

Existe un problema cultural

Pero el problema va más allá. Se trata de un proceso de cambio cultural, que es a lo quiere llegar la Secretaría. “La gente se resiste al cambio porque hay una cultura interiorizada de acceder a lo más fácil, existe mucho paternalismo, creemos que el ‘papá’ Estado nos tiene que dar todo y si así les funcionó a nuestros abuelos, por tradición a mí también me tienen que dar una vivienda y no solo a mí sino a toda mi familia”, resaltó. El funcionario indicó que con ese tipo de casos se han topado en las invasiones de Monte Sinaí, en donde  hay personas que han cogido manzanas enteras para toda la familia o para negocios.

“Las personas tratan de hacer las cosas más fáciles dentro de lo informal aunque eso genere caos, pero solo piensan en que les puede generar mayor rentabilidad; eso hay que deconstruir en la mente de cada uno de los ecuatorianos porque la invasión lo único que trae es inseguridad, violencia. Si se hace un resumen, el que invadió lo que hace es generarse un problema en lugar de encontrar una solución”, reflexionó.

Uno de los grandes problemas es que las personas ven tierras desocupadas y deciden asentarse en esos lugares, sin analizar sus condiciones. Por ejemplo, hay muchas viviendas que están en riesgo. La Secretaría Técnica determinó que son 229 los posibles asentamientos en zonas vulnerables y de estos, 105 fueron ratificados por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Los que ya existían desde antes de 2010 deben ser reubicados; el resto será desalojado.

Uno de estos problemas se refleja al norte de Durán, en la cooperativa 12 de Agosto, en la cual existe un conglomerado de viviendas no regularizadas. “Para un amplio sector de este sitio se necesita gran cantidad de relleno, puesto que están en zonas bajas o humedales, por eso son varias manzanas las que deben ser reubicadas”, indicó la alcaldesa del cantón, Alexandra Arce.

Ella enfatiza que solo para rellenar se necesitaría una cantidad cercana al millón de dólares. “Con esa inversión le pongo alcantarillado a toda la zona norte del cantón Durán”, dijo.

En una visita técnica que la alcaldesa realizó en la zona se encontró con ciudadanos inconformes con las disposiciones para la reubicación. “No es justo que nos quieran sacar, ya estamos instalados aquí, somos lo que más tiempo hemos tenido”, decía Noemí Alarcón, quien vive en la 12 de Agosto desde 2010.

Los habitantes dicen que ellos ya tienen rellenos los terrenos, aunque no cuentan con un estudio técnico que les garantice que están dentro de los parámetros correctos. La alcaldesa enfatizó que las 41 viviendas serán reubicadas en otros sectores en donde no corran riesgos y todos puedan acceder a servicios básicos para vivir dignamente.

Voluntad política

Para controlar las invasiones solo hacía falta voluntad política, afirman las autoridades. Según ellas, ahora existe una política pública que combate las redes de tráfico que estaban asociadas con intereses políticos y a nadie le interesaba destruirlas porque le representaban votos. El negocio era redondo porque no solo quedó circunscrito en el momento de la elección sino que luego el traficante seguía estafando a la gente.

Ahora, dicen, hay una política pública y una institucionalidad técnica que se preocupa por el problema. Esto significa un costo político, pero el compromiso es con el desarrollo del país. Las personas a las que se tiene que desalojar no lo ven bien, pero se trata de un acceso a la vivienda y a un hábitat seguro.

116 procesos judiciales para 2015

Una de las cosas en las que es radical este Gobierno es en el freno a las invasiones, por ello no se permiten nuevos asentamientos. Sin embargo, durante este año se han registrado 23 intentos de asentamientos nuevos y hay 62 ya existentes en los que aún hay actividad de tráfico de tierra, es decir que siguen vendiendo terrenos de forma ilegal.

Son 116 procesos judiciales que hay que impulsar en 2015, de los cuales se han logrado 4 sentencias y 3 de ellas piden resarcir los daños a las familias. Los sectores involucrados son María Auxiliadora de La Flor y

La Carolina, ambos en Guayas. En el primero hay 3 involucrados, en el  segundo 2 y en el tercero  1. En total 6 personas están siendo juzgadas.

Quiñónez recalcó que en el último semestre se han recuperado 288 hectáreas. Según lo registrado por la Secretaría, entre los principales propietarios públicos están entidades como el Banco Central, la Corporación Financiera Nacional y las tierras que pasaron de la banca cerrada a manos de la Ugedep.

Requisitos para comprar predios

Una persona que quiera comprar un terreno lo primero que debe verificar es que este tenga registro de la propiedad a nombre de la persona o institución que la está vendiendo, a esto se suma el permiso de fraccionamiento o división y al momento de pagar recibir una carta de compra venta sometida a escritura pública. Este último es el único documento que garantiza la propiedad de las tierras.

Lo que está haciendo actualmente la Stpahi es entregar certificados de posesión a quienes están asentados en los terrenos antes de 2010.

Luego de la entrega de los certificados, el siguiente paso es el proceso de regularización. A quienes porten los certificados se les garantiza que no van a ser desalojados porque son posesionarios y tienen derecho a acceder a los terrenos. Ya se han entregado 8.500 en Monte Sinaí y el próximo año se entregarán 14 mil en Durán, que es la segunda ciudad con mayor cantidad de asentamientos humanos.

Aunque los certificados son importantes, Arce recordó que la única entidad que puede legalizar los predios es el Municipio, pero recalcó que es importante la entrega de los certificados porque es una herramienta previa que garantiza que la persona que está demandando la venta de un terreno no sea un nuevo invasor.

Uno de los objetivos básicos de la Secretaría es dotar de las herramientas técnicas necesarias a los municipios para que faciliten sus procesos de reordenamiento y de regularización. La meta es erradicar el tráfico de tierras hasta 2017.

Falta mucho para llegar a este objetivo, pero se está avanzando a pasos agigantados, afirmó Quiñónez, quien enfatizó que el tener un diagnóstico del problema es un gran adelanto, algo que antes no se hizo por falta de voluntad de las autoridades.