Una vez que la Corte Constitucional archivó el pedido del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, para realizar un referéndum que buscaba la prohibición de la minería en Azuay, el funcionario aseguró que radicalizará la resistencia.

Para lograrlo analiza tres opciones: la primera, que es la Consulta Popular Nacional; la segunda, una enmienda constitucional al artículo 407, y la tercera, la Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual se requiere la firma del 12% de empadronados en Ecuador; por ello están en conversaciones con algunos sectores.

Pérez informó a EL TELEGRAFO que la próxima semana tiene prevista una reunión en Nueva York y Ginebra, donde denunciará esta resolución considerada para él como “un adefesio jurídico”.

Sobre una supuesta concesión minera a su nombre, dijo que “es una infamia en su contra” e invitó a las autoridades a demostrar la verdad.

Los gremios aplauden la resolución. Andrés Icaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, considera sano y positivo que la entidad haga su trabajo velando que las cosas que se pregunten no generen confusión y error por parte del lector.

“Hay que comprender que si se causa restricciones a la minería legal, lo que va a pasar es que se presenten problemas de invasiones y de actividades de minería ilegal”, señaló.

Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería y experto en el sector, no ve como un triunfo la resolución de la Corte. “Primero hay que entender que la pregunta fue negada por forma, motivo por el cual el fondo de las consultas sigue sin resolución”.

Sin embargo, indicó que “hay varios temas en los considerandos que deberían preocuparnos, los cuales abrirían posibilidades de nuevas consultas en un futuro”.

El ministro del Ambiente (s), Ramiro Montalvo, aseguró que el tema fundamental es el control y la prevención. “Para realizar minería responsable debemos aplicar regulaciones que garanticen la protección de los recursos naturales”.

Acotó que la minería ilegal genera muchos problemas sociales, como la explotación laboral. (I)