El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) inició el trámite de disolución de siete de sus empresas. Entre las causas están el mal manejo y la terminación unilateral de contratos con el Estado.

La medida tomada implica una pérdida económica para la institución por alrededor de $ 5 millones, que incluye las indemnizaciones de empleados que laboraban en las compañías cerradas.

El director del ISSFA, Alejandro Vela, explicó que en algunos casos se vieron forzados a liquidar. Por ejemplo, la empresa de seguridad Sepriv, que tenía contratos con Petroecuador y Petroamazonas por $ 65 millones.

Sepriv empleaba a 4.600 guardias, eso la convirtió en una de las empresas de seguridad más grandes del país. Además daba trabajo a personal de la región amazónica y militares en servicio pasivo.

Pero el expresidente Rafael Correa ordenó la suspensión del contrato que tenían con las entidades estatales mencionadas. Esto  ocurrió luego de que el exmandatario se quejara de que Sepriv firmó un contrato en 2013 para dar protección a directivos de la compañía Chevron.

Vela comentó que ese contrato fue por $ 64 mil y consistía en proporcionar guardias privados a los funcionarios de la transnacional. “Esto vio mal el señor Correa, lo que acarreó el despido de todos los empleados y una pérdida de $ 4 millones”.

Otra de las empresas que está en proceso de liquidación es Hdineagros, que administraba cuatro haciendas de Fuerzas Armadas en Guayas y El Oro.

Las propiedades producían banano y bambú, pero el ministro de Agricultura del régimen anterior, Javier Ponce, decidió adjudicarlas a los trabajadores agrícolas de esas fincas.

Los empleados de las haciendas firmaron un convenio para pagar por los sembríos que estaban en proceso de recolección. También se comprometieron a cancelar al ISSFA $ 1’300.000, pero hasta la fecha no han depositado nada.

En el caso de Aerostar, los directivos de la institución encontraron malos manejos, eso les obligó a iniciar el proceso de liquidación. Además descubrieron que se usaron las tarjetas de crédito corporativas para pagos de consumos personales del jefe de operaciones y el director financiero, por un monto de $ 47 mil, “esto pusimos en conocimiento de la Contraloría”, afirmó Vela.

En este proceso se encuentran siete empresas, aunque según el director de la institución, no implica un perjuicio porque el ISSFA recibe réditos de otras compañías que maneja.

Pero, ¿cuál es el beneficio para los afiliados? El informe de labores de la entidad del 2018 señala que el rendimiento promedio ponderado del portafolio global de inversiones fue del 7,17% y el total invertido ascendió a $ 1.314’671.845.  

Según el director, las inversiones ayudan a que el Estado se ahorre en la entrega de recursos económicos porque su aporte legal es menor porque las ganancias de las inversiones ingresan al presupuesto de la entidad.   

No obstante, algunas de las  empresas que siguen operando tienen problemas. Es el caso de Explocen, que está afectada por la disminución de ventas de explosivos y la competencia que tiene.

Lo mismo sucede con Omnibuss, por el ingreso de otras marcas de autos al país, lo que ha reducido la demanda de los vehículos que ensambla.

Sobre este tema el profesor de Economía en la Universidad Internacional, José Vásconez, opinó que mantener las empresas del ISSFA ayuda a la autonomía de la institución para que se financie con fondos propios.

Por eso es necesario abrir las empresas a la adquisición de acciones de la sociedad civil para “ampliar los recursos de capital y sostener el sistema de préstamos a los afiliados”, dijo. (I)