Mientras la Contraloría busca un espacio para seguir operando luego de la destrucción del edificio durante las manifestaciones indígenas, los funcionarios de la entidad realizarán actividades de recopilación, reestructura, reconstrucción y reorganización de la información.

Una vez listos a través de informes motivados establecerán el curso normal de los tiempos legales. Al mismo tiempo, la evaluación de las pérdidas por la destrucción del edificio continúan.

Peritos especializados en incendios así como ingenieros constataron el estado de las instalaciones y esperan elaborar un informe esta semana.

Los cinco pisos del edificio están afectados y todavía no hay una resolución técnica para determinar si declaran al inmueble como pérdida total y el consiguiente derrocamiento o se inicia el proceso de recuperación.

El contralor Pablo Celi informó a través de un vídeo que las pérdidas son cuantiosas, aunque no precisó una cifra. Así mismo, emitió una resolución para suspender la atención de la Contraloría, así como los procesos que venía efectuando hasta hallar un espacio adecuado para trabajar, lo que también se definirá esta semana.

Hasta el momento el Contralor ha revisado dos edificios que están bajo la administración de Inmobiliar para retomar el trabajo y la atención al público lo más pronto posible. Esto porque los auditores avanzaban 1.671 auditorías de 188 entidades públicas.

Agentes de la Policía Nacional y bomberos realizaron inspecciones técnicas como parte de las investigaciones para determinar las causas del incendio. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

La entidad suspendió la ejecución de auditorías y exámenes especiales, la aprobación de informes de auditoría gubernamental, determinación de responsabilidades, impugnaciones, recaudación y coactivas. Así mismo, los trámites referidos a la entrega de documentación de usuarios externos y la presentación de recursos o subsanación de los mismos.

También la resolución advierte que hasta retomar las actividades no se exigirá a los servidores públicos la obligación de presentar las declaraciones juramentadas y patrimoniales. No obstante, deberán acceder al servicio en línea y generar la declaración respectiva, en la página web de la institución que está habilitada parcialmente.

Con este acto administrativo de interrumpir las labores de la Contraloría también se extienden los plazos y términos de todos los procedimientos anotados.

Los principios y garantías del Derecho Administrativo como seguridad  jurídica, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades, debido procedimiento administrativo, conducta procedimental, entre otros, no se afectan por esta interrupción. “La decisión del Contralor se considera como acertada y eficaz”, afirmó el jurista Esteban Ron.

Esto porque la medida surte efectos de doble vía: es decir tanto para la Contraloría en los procedimientos internos como para los usuarios. Entre la documentación que reposaba ahí que vinculan al expresidente Rafael Correa están los casos de la deuda pública contraída entre 2012 y 2017.

También el proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería Cetes; el uso de los aviones presidenciales. Además, los recursos utilizados para homenajes por el 30-S; el Fondo Partidario de Alianza PAIS (caso Sobornos); Campo Singue y Reconstrucción de Manabí.

Informes sobre otros hechos de corrupción que involucran a otros exaltos funcionarios. Entre ellos los casos: Petrochina; Refinería de Esmeraldas; Poliducto Pascuales Cuenca; Planta de almacenamiento de gas Monteverde, Refinería del Pacífico.

No obstante personeros de la entidad aseguraron que toda esa información está guardada. (I)

La documentación de la entidad tuvo afectaciones. Tanto procesos de juzgamiento e investigativos. Serán restablecidos, pues están digitalizados. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo