La sala de sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL) está a lado de la Presidencia de la Asamblea. Ahí, Elizabeth Cabezas, oficialista y titular del Parlamento, habló con El TELÉGRAFO sobre la corrupción, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el papel de ese poder del Estado en la estabilidad democrática.

¿Por qué la Comisión de Justicia se demoró 133 días en analizar el proyecto de ley contra la corrupción que presentó el Ejecutivo?
Esto requiere de procesos, de semanas enteras de diálogos. Es una mesa multipartidista y no hay una suma de fuerzas negativas. Lamento que en varios foros traten de endosar esa responsabilidad a la Asamblea y que por ello no se han podido solucionar problemas de corrupción. Eso no pasa solo por un cuerpo legal que, además, no tiene carácter retroactivo. Estamos en el camino, aprobamos la Ley Anticorrupción que fue vetada por el Ejecutivo. Me parece que no hubo coordinación para procesar este tema.

¿La descoordinación es de la Presidencia o de la Asamblea?
El veto es una potestad del Presidente de la República. Venimos de 10 años sin vetos porque las leyes se hacían en Carondelet. No es malo que existan vetos. Tal vez, los vetos totalitarios nos impiden seguir con el tratamiento de las leyes y nos ponen candados por tiempos.

La imagen del Legislativo está afectada por los diezmos.
Todos estos escándalos alrededor de los legisladores no se personalizan. Lastimosamente, acarrean a la institucionalidad, por eso trato de defender la gestión de la Asamblea. Tenemos el 36% de aceptación, que es bueno para el momento que atravesamos. Cuando recibí el Legislativo, su credibilidad, confianza y trabajo estaban casi en cero. Ahora, el esfuerzo de todos nos ha permitido tener una agenda, objetivos institucionales y una cantidad de leyes aprobadas.

¿La institucionalidad pasa por una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)?
Pasa por ahí, pero también por el plan estratégico, que tiene objetivos para el fortalecimiento institucional y de los recursos humanos. Conformamos un Observatorio Legislativo para el análisis y seguimiento de las leyes, que tendrá el apoyo del BID.

El plan incluye fomentar un parlamento abierto, es decir, prácticas de transparencia y acceso a la información. Además, buscamos la profesionalización de los funcionarios: por ejemplo, en el caso de los prosecretarios. Antes esos funcionarios terminaban su período, se iban y no dejaban ni un solo documento de respaldo de su comisión. Detrás de ese trabajo hay información importante que debe quedar en la Asamblea.

Pero eso no es suficiente, hay un tema de ética de los asambleístas.
Así es, la ética personal del asambleísta y de su equipo son fundamentales. El discurso para combatir la corrupción debe estar acompañado por los hechos y actos, no se pueden separar. Para esas prácticas irregulares hay dos partes: el que propone y el que acepta. Hay que erradicar eso y se requiere del compromiso de todos.

¿Qué pasará si mañana siguen las denuncias?
Es necesario reglamentar los casos que deben ir al Consejo de Administración Legislativa (CAL). El CAL no puede convertirse en una comisaría ni el pleno en un juzgado. El rol de la Asamblea es fiscalizar y legislar. Estos temas deben ser tratados en ámbitos administrativos porque son prácticas irregulares que requieren sanciones ejemplarizadoras para quien propone y quien acepta.

Después de estos escándalos, la propuesta de reducir el número de legisladores de 137 a 60 gana terreno. ¿Qué opina?
Yo suscribí esa propuesta que era de austeridad. Si tenemos una institución fortalecida, sólida y sin escándalos de diezmos, creo que a los ecuatorianos no les parecerá mal que exista un presupuesto para la Asamblea. Pero si el Legislativo no justifica su existencia en términos de producción, de beneficios para ecuatorianos, la gente no le ve el sentido de su existencia.

La agenda legislativa tiene 48 leyes, hasta esta semana han aprobado 20. ¿Qué pasará con el resto?
Este lunes tendremos una reunión con los presidentes de las comisiones para revisar los avances de la agenda. Las coyunturas y los casos de diezmos nos han absorbido gran parte de las jornadas de los plenarios. Haremos un esfuerzo por cumplir con ese plan y un ajuste para los meses de enero a mayo.

La mayoría de leyes de los períodos anteriores se está reformando. ¿Qué clase de trabajo hicieron?
La mayoría de leyes tiene reformas. No es cuestión de cantidad, sino que sirvan para los ciudadanos y que se puedan aplicar. Un ejemplo: la Ley de Tránsito, que eliminó la capacitación mínima para obtener la licencia. Eso tiene una cola, los accidentes se han incrementado. También eliminó las revisiones vehiculares para los autos. Los cambios que se hicieron no mejoraron la problemática, sino que la complicaron.

¿Tienen previsto llamar a otros exfuncionarios a juicio político?
En los próximos días conoceremos el pedido de juicio político a la excanciller María Fernanda Espinosa. Hay hechos que deben ser clarificados porque involucran una decisión del país y una acción de un poder del Estado.

¿El Parlamento juega algún papel en la estabilidad democrática?
El país ha vivido momentos difíciles. Si no hubiera sido porque la Asamblea ha sido manejada de manera responsable, posiblemente  habríamos tenido varios incidentes. El Presidente viajó y pasamos unos días sin Vicepresidente. Esos vacíos, antes utilizados por los oportunistas para tomarse el poder, los hemos administrado con la responsabilidad. El caos o las ambiciones personales son irresponsables.

¿Quiere decir que podían boicotear la elección del Vicepresidente?
Creo que sí. La Asamblea jugó un rol fundamental en apoyo a la propuesta del Ejecutivo.

¿Le gustaría repetir la presidencia del Parlamento?
En mayo habrá la renovación de autoridades del CAL y de las comisiones. Se abren espacios para redefinir quiénes estarán a cargo de ellas. Más que repetir la presidencia, lo importante es garantizar la estabilidad y gobernabilidad a los ecuatorianos. Si hay condiciones en ese sentido, se puede analizar. (I)