Luego de casi tres meses de diálogos, promovidos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) la institución presentó el nuevo plan del buen vivir. Se trata del plan de gobierno que se aplicará hasta el 2021, el cual tiene aportes de los diferentes sectores que participaron en las conversaciones.

El proyecto, que contiene 9 objetivos, se entregará al presidente Lenín Moreno en octubre para que empiece con su implementación.

Andrés Mideros, titular de Senplades, contó que efectuaron talleres con pobladores en las provincias a las que asistieron también representantes de colectivos, organizaciones sociales, gremios de sectores públicos y privados, con quienes discutieron los temas que según sus prioridades deberían integrarse al  plan de gobierno.

Por este motivo se efectuaron 12 foros, en los que participaron 3.557 ciudadanos que entregaron cerca de 12.000 aportes.

El funcionario comentó que el plan ‘Toda una vida’, que impulsa el Gobierno forma parte de este proyecto estratégico macro que se aplicará durante los cuatro años de gestión de Moreno y que tiene proyecciones hasta el 2030.

Añadió que los 9 objetivos se engloban en tres ejes: los derechos, la economía y la participación ciudadana.

Mideros dijo que el plan tiene un costo adecuado, corresponsable, “de alrededor de $ 25.000 millones en 5 años desde el presupuesto general del Estado”, pero también contempla  la necesidad de $ 13.000 millones de inversión privada, así como alrededor de $ 9.000 millones de crédito  a través de la banca pública para emprendimientos y vivienda; también inversión de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo para agua y saneamiento.

Todas estas propuestas fueron sistematizadas por una comisión integrada por ministros delegados de la Función Ejecutiva, los gremios de los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos nacionales para la Igualdad, el Consejo de Educación Superior y representantes de los ciudadanos, quienes se reunieron ayer en Quito para aprobar las metas señaladas en los objetivos.

Mideros informó que conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se trabaja para garantizar el cumplimiento de los indicadores que se proponen.

Explicó que este documento es el inicio de un trabajo coordinado que continuará con la elaboración de las agendas zonales, de igualdad y sectoriales. “En la sesión anterior del Consejo se dio un plazo de 180 días para la elaboración de las agendas zonales y de coordinación intersectorial. Además, las políticas que se vayan a aplicar serán evaluadas durante todo el año”.

Destacó que una de las demandas que más se repitieron en los talleres  fue la dotación de agua segura en los territorios, para lo cual se necesita invertir $ 2.300 millones. “Esperamos destinar $ 500 millones anuales hasta 2021 para solucionar el problema del agua”, explicó el funcionario.

Así mismo, dijo que con la aplicación de este plan se rebajará en 10 puntos la desnutrición crónica en niños menores de 2 años, se garantizará que los más pobres tengan vivienda digna, se erradicarán todos los tipos de violencia, sobre todo la de género, se luchará contra la corrupción y se fomentará el diálogo como una forma de construir la sociedad. Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), e integrante del consejo de planificación, comentó que estos planteamientos serán la carta de navegación para el gobierno.  

“Este plan tiene doble condición porque es obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado”. Barrera dijo que el documento establece el enfoque para la construcción del programa económico que al momento se elabora y que será anunciado el 26 de septiembre por el presidente Lenín Moreno. (I)

DATOS

A partir del 25 de julio Senplades inició las mesas de diálogo con ciudadanos de diferentes sectores en varias provincias, quienes aportaron con sus propuestas.

En 12 foros en los que participaron más de 3.557 personas se recogieron los aportes que luego de un análisis se sistematizaron e incorporaron al Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021.

Este instrumento guiará las decisiones de planificación del gobierno central y de los gobiernos autónomos, y marcará los parámetros para la implementación de la política pública en territorio.

El Consejo de Planificación, integrado por delegados del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos, del Consejo para la Igualdad,  Consejo de Educación Superior,  y ciudadanos, sistematizó las propuestas.