Desde el pasado 25 de julio la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) efectuó 12 foros ciudadanos en todo el país, donde participaron más de 3.500 líderes sociales, quienes entregaron sus propuestas para elaborar el plan de gobierno hasta 2021, cuyo documento se presentará oficialmente el próximo 17 de octubre.

El titular de Senplades, Andrés Mideros, contó que “las mesas de diálogo se implementaron por iniciativa del presidente Lenín Moreno, quien emitió incluso un decreto  para que se iniciara el diálogo en todo el país y del que se recogieron 12.000 aportes de la ciudadanía para la creación de políticas públicas”.

¿Cómo sistematizaron esos aportes?

Fue un reto hacer los 12 foros ciudadanos en todo el país, donde  participaron alrededor de 3.500 líderes y también hicimos seguimiento al diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno. En virtud del Decreto 49 se establecieron 350 mesas de diálogo a nivel nacional; dentro de esto Senplades recogió alrededor de 12.000 aportes, que se han   agrupado en grandes temáticas que corresponden a los 9 objetivos  que tiene el plan nacional del Buen Vivir 2017-2021, y en función de eso procesar esos aportes, ya sea para la corrección de políticas públicas o para incorporar nuevas.

Es importante señalar que los aportes también los hemos organizado  en diferentes mecanismos de implementación; unos se incorporaron al plan de gobierno y otros en la legislación. Hay una serie de preocupaciones ciudadanas, que se han ido incorporando a la acción de los diferentes ministerios, muchas referidas a problemas puntuales en temas de salud, educación o de la comunidad.

¿En qué difiere este plan de gobierno del que se propuso en campaña?

Que lo recoge. Cabe señalar que es el cuarto plan de la Revolución Ciudadana; seguimos un proceso, un mismo proyecto en una nueva fase. En 2007 habíamos propuesto recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la ciudadanía, lo que nos llevó a Montecristi en 2009.

Luego planificamos todo lo que llamamos el ‘Buen vivir’. Eso nos dejó un Estado que se recuperó en estos últimos 10 años para ponerlo al servicio de la ciudadanía con mayor equidad y justicia social, reducción de la pobreza y menos desigualdad. Se hicieron una serie de inversiones en educación, educación superior, así como en activos productivos, como puertos, aeropuertos, carreteras, hidroeléctricas, multipropósitos. Reconocemos que llegamos con una serie de capacidades logradas.

En este cuarto plan de la Revolución Ciudadana nos planteamos sostener ese proceso y generar nuevas líneas movilizadoras para que la empresa privada y la economía popular y solidaria puedan aprovechar esas capacidades que hemos generado y tengan los retornos esperados.

El plan necesita financiamiento. ¿Cuánto se necesita y cómo se lo conseguirá?

El plan nacional tiene un costo que queremos cubrirlo corresponsablemente, es decir con múltiples actores junto al gobierno central, a través del presupuesto general del Estado. Estimamos una inversión de $ 25.500 millones  en 5 años. Si lo comparamos con los años anteriores (2012-2016) hablamos de una reducción del 26% porque ya están listas las grandes estructuras.

Ahora tenemos que enfocarnos en la terminación de obras de inversión, como la alimentación escolar, el mantenimiento de carreteras, el pago de jubilaciones. Están los principales programas de gobierno como el plan ‘Toda una vida’, que garantiza los derechos de la infancia hasta la muerte digna; la minga agropecuaria y el acuerdo productivo por el empleo.

Está el acceso a la educación superior, mantener la calidad de los servicios, el médico del barrio. Todas las intervenciones emblemáticas están estudiadas dentro de ese presupuesto, además de una inversión de la banca pública de $ 9.000 millones para créditos de vivienda, para emprendimientos sobre todo para jóvenes en el sector rural y también establecemos la necesidad de $ 13.000 millones de inversión privada nacional y extranjera enfocada en proyectos de desarrollo productivo.

¿Cuáles son los compromisos del sector privado?

Por ejemplo la banca privada. Dentro del manejo del dinero electrónico se ha comprometido a incentivarlo y que sea de bajo costo.

Es importante el uso del dinero electrónico para demandar menos divisas al Banco Central, así como traer los capitales que ellos tienen en el extranjero. Eso es fundamental para fortalecer la dolarización. Coincidimos con las cámaras y los artesanos de la economía popular y solidaria en el sentido de que lo fundamental para el país es apostar en la innovación e investigación.

Para eso estamos cerrando las propuestas en lo tributario, en donde se busca previsibilidad y estabilidad para tener mejores oportunidades de inversión y producción; para ir pensando en la  transformación de una economía comercial explotadora de recursos naturales a una que exporte valor agregado, que genere nuevas plazas de empleo, nuevas inversiones y exportaciones.

¿Qué ha pedido el sector privado a cambio de insertarse en el plan de gobierno?

Hay una serie de propuestas de innovación, acceso a mercados, etc. Otras son de orden tributario, por ejemplo la reducción del impuesto a la salida de divisas.
Hemos dicho que ese impuesto genera $ 1.000 millones de ingresos fiscales que son fundamentales para el desarrollo; podemos revisarlo pero en la medida en que esto sea para el fomento de las exportaciones.

Se ha pedido también la eliminación del anticipo del impuesto a la renta; hemos conversado sobre varios escenarios, entre ellos que puede tributarse más fácilmente si logramos que la declaración se haga y después tener una devolución o una excepción porque la declaración permite la lucha contra la defraudación fiscal. Creo que sí vamos a llegar a una propuesta bastante importante en este sentido, la misma que el Mandatario anunciará el 2 de octubre como parte del plan económico.

¿Se podrá cumplir el plan de gobierno tomando en cuenta que el Presidente aún no anuncia su plan económico?

Hay que trabajar articuladamente con el sector privado. Creemos que es un plan viable y factible; el documento está impreso. Ahora vienen todos los retos de gestión y de articulación en lo público y lo privado, de empoderamiento ciudadano para lograrlo. Estamos convencidos de que lo vamos a cumplir. (I)

HOJA DE VIDA

Apenas asumió la presidencia Lenín Moreno, nombró como secretario nacional de planificación a Andrés Mideros, quien desde 2015 había dirigido el Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza.

Su carrera pública se inició en 2012, como director nacional técnico y de planificación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)

Estudió en la Universidad Católica, posee una especialización en Economía del Desarrollo. Tiene una maestría en Políticas Públicas, con especialización en Financiación de la Política Social de la Universidad de Maastricht. Es PhD (c) por la Universidad de Maastricht. (I)