El presidente de la República, Rafael Correa, ordenó fusionar los departamentos de Planificación y Gestión Estratégica de todas las instituciones adscritas de la Función Ejecutiva.

El decreto 210, firmado el pasado 13 de enero, ordena a las cabezas de estos departamentos trabajar según las disposiciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y de la Administración Pública.      

“Los responsables de las unidades de planificación y gestión estratégica deberán realizar sus funciones en estricta coordinación” con las entidades antes citadas, “de las cuales dependerán funcionalmente en el ámbito de sus competencias”, estipula el artículo 1 del decreto.      

Mientras que los departamentos de Talento Humano de las instituciones de la Función Ejecutiva coordinarán la aplicación del régimen disciplinario con la Secretaría Nacional de la Administración Pública cuando se presenten posibles actos de corrupción.

Al iniciar un nuevo periodo constitucional, el año pasado, el presidente Rafael Correa reorganizó su gabinete. Entre los cambios adoptados estuvo la absorción, por parte de la Secretaría de la Administración, de su similar de Transparencia de Gestión.

Por esa razón la primera entidad es la encargada de promover la lucha contra la corrupción en la Función Ejecutiva.

Las instituciones que requieran un refuerzo en materia de tecnología serán optimizadas.El decreto también afecta a los departamentos de Asesoría Jurídica. Estas unidades “deberán incluir en sus atribuciones y responsabilidades el seguimiento, gestión, dirección y supervisión de las acciones judiciales y administrativas emprendidas en materia de transparencia de la gestión”.

Las dos secretarías tienen un plazo de 30 días para determinar la estructura de los departamentos fusionados (Planificación y Gestión Estratégica).

También deberán definir qué instituciones aplicarán, por su naturaleza, un proceso distinto. El decreto no incluye a las empresas públicas, banca pública y ministerios coordinadores en estos cambios.

Mientras que las entidades que sí se verán afectadas por el decreto tienen 90 días para ajustar su estructura al nuevo modelo.

Además de las secretarías, serán los ministerios de Finanzas y Relaciones Labores los encargados de implementar las disposiciones del decreto.

El objetivo, según el propio decreto Ejecutivo, es que en 2017 el Estado sea un referente regional de eficiencia en la gestión, a través de políticas, procesos y sistemas de calidad, gobierno electrónico, desarrollo del talento humano y mejoramiento de los índices de transparencia. De hecho mejorar la eficiencia en la Función Ejecutiva fue uno de los propósitos de Correa en este periodo.

Responsabilidades
 
Según el organigrama de la Función Ejecutiva, la Secretaría de la Administración Pública es la entidad orientada a facilitar la adopción de las decisiones del Presidente de la República y a coordinar, por instrucciones directas del Jefe de Estado, las actividades de la Función Ejecutiva.

También debe establecer las políticas, metodologías de gestión en innovación institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central, institucional y dependiente.

Mientras que entre los objetivos de la  Senplades están   fortalecer la gestión de las instituciones adscritas a la entidad y potenciar su capacidad técnica y operativa, con la finalidad de asegurar la mejor y pronta atención de las necesidades de la comunidad.

Además Senplades coordina acciones con las instituciones del Estado para el cumplimiento de las Metas y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Son alrededor de 92 instituciones las que deben sujetarse a la nueva estructura y lineamientos administrativos.