“Señor presidente de la República, Rafael Correa, ¡ayude por favor! a los miles de maestros que como en mi caso, mi dinero está confiscado en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME); no quieren devolvernos y no tenemos a quién recurrir. Seguimos impotentes ante esta arbitraria e inconstitucional retención”, escribió en un oficio dirigido, a través del Ministerio de Educación, al mandatario ecuatoriano, el 18 de agosto pasado, el docente Gustavo Calvopiña.

Dicho profesor es uno de los 146.000 partícipes que, con sus aportes económicos de una parte de sus sueldos, dan vida al FCME, que inició actividades en 1994. Desde hace 14 años es dirigido por miembros del extinto Movimiento Popular Democrático. Hace 14 años lo preside Juan José Castelló, exdiputado por el MPD de 1992 a 1996.

El 31 de julio pasado, representantes de la Red de Maestros acudieron a la Asamblea Nacional para denunciar irregularidades en el manejo actual del FCME, justamente cuando la Asamblea iniciaba el primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.

La normativa busca transferir al Banco del Instituto de Seguridad Social (BIESS) 64 fondos complementarios previsionales.

Wilmer Santacruz, dirigente de la Red de Maestros, señaló entonces que apoyan la iniciativa porque desconfía de quienes administran el FCME. Dijo que para administrar esos recursos “se necesita ser exdirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del (extinto) Movimiento Popular Democrático”.

Reveló que han recibido denuncias de maestros que, incluso, se jubilaron y no ven el beneficio del fondo de cesantía.

El dinero está en 3 grupos distintos de inversión, pero...

“¿En dónde están los millones de dólares del Fondo de Cesantía. Estarán aquí o fuera del país?”, cuestionó cuando acudió a la Asamblea el dirigente de la Red de Maestros, Wilmer Santacruz, frente a lo cual EL TELÉGRAFO inició un trabajo de investigación.

La investigación periodística, que se basa en informes entregados por el mismo FCME a autoridades de control, como las superintendencias de Bancos (SB) y de Compañías, el Servicio de Rentas Internas; las versiones de los docentes; y más fuentes, permiten indicar dónde y en qué condiciones están los más de $ 431 millones que constituyen los activos del FCME.

De las cifras se desprende que el 88% del total de los activos del FCME está colocado en 3 grupos distintos de inversión.

Con corte contable a junio de 2014 se estableció que las inversiones no privativas colocadas en el sector financiero y de inversiones privadas suman $94’333.118; las inversiones privativas o préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios a los partícipes suman $177’749.934; y las inversiones en proyectos inmobiliarios terminados y en ejecución, $108’287.956 (ver gráfico).

En lo referente a los préstamos que están dentro de las inversiones privativas y no privativas -según informe del mismo FCME remitido por pedido de la SB- se establece que existe una cartera vencida (cuentas por cobrar) en aumento.

Entre las inversiones privativas constan créditos de consumo hasta por $2.000. El 62% de los afiliados, esto es 90.194 partícipes, han sido beneficiarios de créditos quirografarios e hipotecarios.
Ese doble incremento de cartera vencida se origina como producto de una deficiente gestión en el cobro de los créditos otorgados.

Proyectos inmobiliarios con proveedores vinculados

En lo referente a las inversiones en proyectos de vivienda, en los que se han invertido $108’287.956, partícipes del FCME coinciden en señalar que las casas de algunos de los 32 planes son ofertadas a precios muy altos.

Los proyectos de vivienda ya disponibles se ubican en Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Latacunga y El Oro; mientras que los proyectos en construcción se sitúan en Azogues, Santo Domingo, Chimborazo, Tulcán, Guaranda y Loja. En Esmeraldas existe solo un proyecto en planificación.

Los supuestos precios elevados de las casas no serían atractivos para los docentes y no se acoplarían a su capacidad de pago.

Entre los varios proveedores de estos proyectos de vivienda destacan especialmente 3 por el volumen de ventas que registran al FCME:

1.- Inmobiliaria Solvivienda S.A., con un monto de ventas con corte al 2013 por $8’414.347. Según información que consta en la página web de la Superintendencia de Compañías (SC), los socios de la empresa se distribuyen así: 40% de las acciones pertenecen a Nancy Rivadeneira Troya, el 30% a Freddy Yánez López (accionista de otra proveedora del FCME llamada Yanrom Cía. Ltda. y candidato a concejal por el cantón Alausí-Chimborazo, en las elecciones seccionales de febrero de 2014 por la alianza MPD-IDFA) y el 30% a Cecilia Jaramillo Jaramillo, quien según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) es afiliada al MPD y excandidata a asambleísta por esa tienda política en las elecciones de 2009.

Hasta abril de 2013, el FCME fue el accionista mayoritario (99%) y el restante (1%) era de propiedad de Maritza Yépez, vocal del Directorio del FCME. Juan José Castelló, según la página web de SC, fue presidente de esta compañía, como él mismo lo reconoce además en declaraciones concedidas ayer a EL TELÉGRAFO (ver entrevista)

2.- Ingeniería y Construcciones Yanrom Cía. Ltda., con un monto de ventas al FCME de $1’066.303, que no registra ventas en la declaración de Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas (SRI), como consta en la página web de este ente estatal.

Los accionistas actuales de esta empresa son: Freddy Yánez López (40%), quien a su vez es accionista de Inmobiliaria Solvivienda S.A.; Édgar Romero Ortiz (40%); Yazmina Atarihuana Ayala 15%, hermana del dirigente del extinto MPD; y Ezequiel Morales Vinueza (5%).

3.- Yépez Avilés Álex Napoleón, con un monto de ventas al FCME de $23.981 en 2013. Esta persona es hermano de Jeaneth Yépez Avilés, primer vocal principal del FCME.

Ello evidencia que se registra un volumen importante de ventas con empresas en las que se repite un mismo accionista.

Dirigente de afiliados al FCME pide seguridad y transparencia

Wilmer Santacruz, en representación de los maestros, pide seguridad en los dineros del FCME. Apoya que los fondos vayan al BIESS “porque el dinero se garantizará y tendrán seguridad”. Incluso destacó que habrá transparencia en cuanto al manejo económico.

Frente a ello, Mónica Ayala, representante del Fondo de Cesantía del Magisterio, señaló a la prensa que los 54 fondos de ninguna manera debilitan la seguridad social nacional, sino que la fortalecen “porque quienes dirigimos conocemos al sector que representamos, somos maestros”, indicó.

Aclaró que el dinero que administran no es del Estado “es propio, de nuestros recursos”. Además, dice que la Asamblea Nacional no tiene derecho a elegir quién debe administrar “nuestros propios recursos”.

Frente a ello, Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, destacó que el FCME recibió $ 60 millones por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socia. Dijo que como legisladores no permitirán que siga ocurriendo lo que denuncian los docentes. “Malos administradores de fondos de cesantía que se aprovechan de la ingenuidad de los maestros, o ‘buenos administradores’ que entregan el dinero de los aportantes a la banca privada y ellos desaparecen”.

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, dice que la intención de traspasar los fondos previsionales es que los recursos que fueron manejados privadamente vayan a la institucionalidad que maneja lo relacionado con la Seguridad Social. Cree que los dirigentes del FCME deben probar que no recibieron fondos del Estado y mostrar las autorizaciones de los aportantes que dieron el aval para ese aporte. Aquello debido a que han recibido denuncias de que los maestros fueron obligados a aportar al fondo. Con esto coincide Santacruz, quien dijo que son portadores de una serie de denuncias en todo el país, en donde se especifica que los obligan a aportar.

Añadió que los profesores no pueden retirar los fondos porque la respuesta es que deben cesar en sus funciones o renunciar al cargo.

Espinosa cree que antes de que ese fondo del magisterio sea transferido al BIESS, debe ser auditado.

La propuesta del Ministro de Educación es apoyada por la Red de Maestros articulada a escala nacional, liderada por Santacruz, quien a nombre de los miles de afiliados insiste en pedir “transparencia” financiera y administrativa al FCME.