En los chats de trabajadores y exfuncionarios de la Asamblea le llaman “diezmo”. Es el pago que, aparentemente, recibían algunos legisladores de sus colaboradores.

Hasta el momento ninguno de los afectados ha presentado su demanda públicamente. Prefieren el anonimato y aseguran que han entregado dinero en efectivo para el partido; que les exigieron el pago de contratos en publicidad en redes sociales; la compra de pasajes aéreos y para la alimentación de los legisladores. Todo esto solo por mantener sus cargos.

En sus conversaciones los funcionarios del Poder Legislativo confiesan: “Pasa comúnmente, pero porque sea común no puede ser aceptado y normalizado”.

Mientras que otro contesta: “Prefiero la cuota a no tener trabajo”. Y otro recalca: “Es que la protesta es sinónimo de despido”.

“Es repudiable, porque hablas de la lucha de la corrupción y ellos son los primeros generadores. Pero visto desde el empleado, lo permites porque quieres trabajar y ese es un ‘diezmo’ por la oportunidad que te dan”, sentencia un funcionario que tampoco quiso identificarse.  

El primer paso para descubrir este hecho se dio en el despacho del legislador Fabricio Villamar (CREO). Desde allí, Pablo Santillán, quien trabaja en la Asamblea más de 25 años, pidió a sus colegas que presenten sus denuncias y así hacer fuerza.

La primera convocatoria se efectuó a través de las redes sociales y la respuesta fue inmediata. En poco tiempo recibieron las quejas de los afectados por los pagos.

Hasta este martes 4 de septiembre el equipo del asambleísta recopilaba la información de los perjudicados, como fotos, comprobantes de pagos y de transferencias que hicieron a las cuentas de legisladores.

Estos datos servirán para sustentar una resolución al pleno de la Asamblea, con la intención de que la Contraloría indague las cuentas de los legisladores y así verificar si recibieron los “diezmos” de sus trabajadores.

Villamar se encontraba este martes 4 de septiembre en Estados Unidos, pero prevé la presentación de esa resolución mañana, para que sea aprobada el martes de la próxima semana.  

En principio hay consenso en la Asamblea para arrancar con esta investigación. La presidenta del Poder Legislativo, Elizabeth Cabezas, dio su respaldo para que la Contraloría audite las cuentas.

Ella sostuvo que a su despacho no ha llegado todavía ninguna demanda oficial, pero que conversó con Fabricio Villamar, quien le adelantó que alistaba la resolución. “Si nosotros hablamos que la lucha contra la corrupción es uno de nuestros pilares, mal podríamos nosotros permitir que dentro de nuestra casa se den actos como estos”, reflexionó.

Lenín Plaza (Alianza PAIS), María Mercedes Cuesta (PRE) y Luis Fernando Torres (PSC) también apoyan la investigación.

Los tres coincidieron en que se deben aclarar las denuncias. Mientras que, el legislador Elíseo Azuero recalcó que es necesario poner en marcha el proyecto de Código de Ética que presentó a sus compañeros, pero que todavía no es discutido.   

Él explicó que promover un código no es nuevo en la región y que en varios congresos de Latinoamérica hay comités que velan para que el comportamiento de los asambleístas esté enmarcado en normas y reglas que limitan el abuso de autoridad y el tráfico de influencias.

Hasta el momento el trabajo que cumple el asambleísta Villamar y su equipo incluye solamente denuncias dentro de este período legislativo. Es decir, de los asambleístas que empezaron sus funciones en mayo del año pasado.

El cobro de estas “cuotas” viene de tiempo atrás. Colaboradores dejaron sus puestos ante la presión de legisladores para que paguen los “diezmos”, señala uno de los acusadores. (I)