Está lejos de Ecuador, como asilado político del Gobierno de Estados Unidos desde marzo de 2015. Fue uno de los hombres de confianza del exministro de Justicia y del Interior, José Serrano. Trabajó en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), fue consultor y asesor del anterior régimen. En entrevista con EL TELÉGRAFO recordó que estuvo detenido con pruebas forjadas durante casi dos años. Hizo tres denuncias a la Fiscalía: el concurso para designar al Fiscal de la Nación, el proceso de selección para Contralor y el caso Corte Cervecera.

¿Por qué está asilado en Estados Unidos?

Por cuestiones de seguridad, no había garantías para mí ni mi familia, puesto que el Gobierno de Correa continuaba en funciones. Ellos me llevaron a prisión, con evidencias falsas y, como seguían en el poder, lo más saludable era salir del país. El trámite duró seis meses, fue algo muy rápido por los documentos y pruebas contundentes que presenté en el proceso.

Investigó y denunció el caso del secuestro de Fernando Balda. ¿Qué encontró?

Trabajaba en el Ministerio de Justicia, cuyo titular era José Serrano. Él le dijo al expresidente Correa que Balda estaba en Colombia. Fue el 28 de abril de 2011, en un evento organizado por esa cartera de Estado.

La persecución a Balda inició porque él se refirió en duros términos a Correa. El expresidente dispuso que Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, pusiera la demanda en contra de Balda para que lo ubiquen, a través de Interpol y lo traigan al país. Correa estaba furioso porque la Interpol no dio paso a su pedido. Entonces ordenó traerlo a como dé lugar, según dijo Serrano. Por eso el exministro dispuso que el viceministro de Justicia, Xavier Córdova, viaje a Colombia para coordinar la traída de Balda. Él fue los primeros días de julio de 2012.

Otro caso que investigó fue el 30-S. ¿Dice que el anterior Ministerio de Justicia tenía una estrategia para decir que fue golpe de Estado, no una sublevación policial por el descontento salarial.

En ese período era consultor en la Senain y cercano a José Serrano, cuando se desempeñaba como Ministro de Justicia. Allí se montaron testigos y evidencias falsas para el caso 30-S.

El Gobierno dijo que fue un golpe de Estado y un intento de magnicidio. Correa quería sancionar a César Carrión porque dijo que no hubo tal golpe en una entrevista con CNN y el expresidente quedó como mentiroso.
Consiguieron un testigo falso, Xavier Andrés Herrería Ramírez, lo adoctrinaron para aprenderse de memoria un párrafo. Él era un testigo protegido y decía que el mayor Fidel Araujo le facilitó una cámara con un dispositivo de disparo para asesinar a Correa.

El expresidente también dijo en una sabatina que Carrión había puesto candado en la puerta del Hospital de la Policía para no dejarlo entrar. Pero eso no era verdad. Hice el análisis de un video, sin editar, sobre este caso. Corroboré que el coronel Carrión jamás puso candado en esa puerta y más bien fue el sargento Quichimbo, quien lo hizo. Ese acceso estuvo abierto durante el 30-S para permitir la salida de Correa. Escribí un informe con esos hechos, pero se ocultó porque al Gobierno no le convenía decir la verdad.

Reveló que existía una unidad de investigación encubierta en el Ministerio de Justicia, al mando de José Serrano. ¿Por qué?

Cuando Serrano comandaba el Ministerio de Justicia hubo el caso de los jueces de Guayas, acusados por el delito de cohecho. A ellos se les detuvo en delito flagrante, querían comprar puestos en la Función Judicial. Se les encontró con dinero en efectivo, cheques y carpetas con sus currículos. El propio ministro Serrano hacía esa investigación. Es decir, esa entidad tenía una unidad para realizar esas actividades extrajudiciales.

Serrano le pidió un informe sobre el estado financiero del exfiscal, Washington Pesántez. ¿Por qué?

Por mi experticia y grado de amistad con Serrano, él me pidió un análisis de las cuentas del exfiscal Washington Pesántez y su entorno familiar cercano. ¿Por qué? Había una disputa entre Serrano y el exfiscal. Pesántez quería ser Ministro de Justicia o

Ministro del Interior para convertirse en la mano derecha de Correa. Esa disputa hizo que Serrano busque información sobre el exfiscal en la Unidad de Análisis Financiero. Elaboré un barrido de primera instancia y Pesántez tenía un reporte inusual que no podía justificar. Pero no entregué el informe detallado porque me di cuenta de que Serrano obtuvo esas cuentas de manera ilegal.

A usted lo involucraron en el caso de esa investigación de los jueces de Guayas por cohecho.

El exfiscal Pesántez tenía una excelente red de inteligencia. Dos asesores suyos tomaron contacto conmigo y me dijeron que Pesántez sabía que yo investigaba sus cuentas. Les entregué la documentación que recibí de Serrano. Después de eso, la Fiscalía me vinculó a ese caso, cuya investigación ordenó el exministro de Justicia. Luego hablé con Serrano y me contestó que Pesántez quería su cabeza y que mi vinculación era la única manera de llegar a él. Me pidió que aguante porque ya terminaba el período de Pesántez y llegaba Chiriboga, quien arreglaría el problema.

Entonces, ¿qué pasó?

En octubre de 2011, el juez Luis Fernando Quiroz ordenó mi prisión preventiva por ese caso, pese a que el fiscal, ya posesionado, Galo Chiriboga no me acusó. Por eso me fui a la clandestinidad. Todos me dieron la espalda y conté los motivos de la persecución de Pesántez en mi contra. Serrano habló con Correa y él en el enlace 247 dijo que cómo era posible que quien hizo la investigación sobre los jueces corruptos tenga orden de prisión. Después de esa sabatina, el juez reconoció que tuvo un lapsus y dio mi sobreseimiento definitivo.

También hizo un informe sobre el caso Gran Hermano.

El Ministerio Coordinador de la Política hizo una reunión en el Hotel República, en 2010. Allí estuvo la Secretaría de Transparencia, el Ministerio del Interior, el SRI, para tratar ese caso.

La disposición de la Presidencia fue tapar bajo la tierra todo lo relacionado con este tema. El objetivo era desacreditar y buscar algo para incriminar a los veedores del Gran Hermano. Ellos dijeron que los contratos de Fabricio Correa, hermano del expresidente, eran conocidos por Correa.

La tarea para nosotros, como área de inteligencia financiera, era investigarlos desde cinco años atrás y verificar si existían irregularidades en sus cuentas. Hice una investigación de las empresas que tenía Fabricio Correa, era una sábana inmensa de empresas relacionadas entre sí, algunas tenían contratos con el Estado. Jamás salió a la luz. Una de mis conclusiones fue que Rafael Correa sí tenía conocimiento de esos contratos porque personal de inteligencia seguía a Fabricio Correa desde que Gustavo Larrea era Ministro del Interior. Correa sabía al centímetro lo que hacía su hermano. Sabía en qué negocios quería meterse, qué puertas golpeaba.

En 2012 denunció el proceso para designar al fiscal Galo Chiriboga. ¿Por qué?

A finales de 2012, creé la Corporación Transparencia por Ecuador para denunciar las irregularidades y la corrupción del Gobierno. En marzo presenté una demanda penal en contra de José Serrano y de Marianela Navas, funcionaria del Ministerio del Interior, que cumplía funciones en la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General. Fue una denuncia por favoritismo y por haberse robado el disco duro de su computador, que contenía información privilegiada sobre el proceso de selección del Fiscal.

Esta se enviaba a Galo Chiriboga, cuando él era embajador de Ecuador en España, para que gane el concurso de la Fiscalía. Navas era de confianza de Serrano y de Chiriboga. Ella tenía temor de que Pesántez incaute las computadoras a los integrantes de esa comisión porque la Fiscalía hacía una indagación previa por presunto prevaricato.
La disposición de Rafael Correa era que Chiriboga sea el nuevo Fiscal.

¿Qué ocurrió en la reelección del excontralor Carlos Pólit?

Las personas designadas para calificar el proceso de selección fueron cercanas al Gobierno, en la carpeta de Carlos Pólit hubo documentos sin respaldo necesario, incluso su hoja de vida no tenía su firma.

La Contraloría se encontraba en mora patronal para la fecha del concurso y el reglamento era claro: no podía ser candidata aquella persona que se encontraba en mora como empleador o prestatario.

Carlos Pólit era el representante legal de la Contraloría. Ese era otro impedimento para su reelección. En el período que se desempeñó como Contralor obtuvo cuatro títulos universitarios. Y pasó 357 días fuera del país, tal como consta en su registro migratorio, o sea casi un año fuera de Ecuador. Por ello presenté una acción de protección en contra de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección, se dio la audiencia y pese a contar con todas las evidencias del caso, la jueza encargada Elena Rivera declaró nulo el proceso, así funcionaba antes la justicia local con jueces ‘golondrina’ que los utilizaban para esos casos. (I)