El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Chalá, aplaudió de pie el ingreso de Diana Salazar al pleno de la Asamblea Nacional. 

Él cree que su llegada a la Fiscalía General del Estado es un parabién para el pueblo afroecuatoriano y está convencido de que actuará con ética, como les enseñaron sus ancestros del Valle del Chota, en Imbabura.

Pero Chalá no fue el único legislador de la bancada correísta que con su presencia solemnizó la posesión de la nueva Fiscal. En sus curules permanecieron Marcela Holguín, Lira Villalva, Mónica Alemán, Carlos Viteri y Augusto Espinosa.

La tónica del grupo de la Revolución Ciudadana ha sido abandonar el pleno de la Asamblea en la posesión de las autoridades elegidas por el Consejo de Participación Transitorio. Así lo hicieron con los miembros del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional o con los propios vocales del Consejo de Participación.

La posesión fue rápida, duró 10 minutos. Salazar permaneció otros 15 en el pleno de la Legislatura, porque los legisladores e invitados no querían irse sin una foto con ella o para felicitarla.

Asambleístas de CREO, como Fernando Callejas; del Partido Social Cristiano-Madera de Guerero (PSC-MG), como Cristina Reyes; de Alianza PAIS, como Ana Belén Marín; de Pachakutik, como Jaime Olivo; o de SUMA, como Héctor Muñoz, se acercaron a la flamante Fiscal del Estado.

Salazar prometió una transformación de la Fiscalía. Su labor tendrá tres ejes: la innovación, con una visión para modernizar el trabajo de investigación, con una reingeniería de sus procesos y procedimientos.

El segundo es la transparencia con rendiciones de cuentas públicas y con participación ciudadana. Apuesta por la generación de indicadores de gestión  y resultados en todos los niveles del Ministerio y un fortalecimiento de procesos de control interno y control disciplinario.

El tercer pilar es la efectividad en las investigaciones. Salazar llega a la Fiscalía con una carga de 900 procesos penales, contra altas autoridades del ex Gobierno. Se propone terminar con la impunidad en los casos como Odebrecht y de contratación pública.

También en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, donde las personas de atención prioritaria, niños, adolescentes, discapacitados y adultos mayores hayan sido víctimas. (I)