Diana Atamaint tiene la soga en el cuello y es muy probable que si el CNE, en realidad su mayoría de tres, no acata la recomendación de agosto de 2019, de dejar sin efecto las firmas inconsistentes de cuatro organizaciones políticas, sea el Contralor General del Estado quien tire de la soga.

La designación de Atamanit fue parte de la luz que encendió el respetado y querido Julio César Trujillo cuando presidió el CPCCS-T, en ese propósito de recuperar las instituciones democráticas demolidas por el correísmo.

Ella fue elegida como vocal de la transición y luego como vocal definitiva para un período de seis años, el 16 de noviembre de 2018. Fue propuesta por la Conaie y, curiosamente, Luis Macas, un reconocido líder de esta organización indígena, no le dio su apoyo. ¿Un mal presagio?

Atamaint fue electa presidenta del CNE con una mayoría de tres, incluido su voto. Un año y siete meses después, ella lidera una institución poco creíble y poco confiable. Tanto es así, que el vocal Luis Verdesoto pidió a todo sus colegas dar un paso al costado porque consideró que “la situación del CNE es la de una institución que camina a ser una institución fallida por la incapacidad de brindar transparencia electoral. El CNE camina hacia un suicidio institucional”.

Era marzo de 2020. La contundente apelación para que el CNE se alejara del despeñadero, ocurre en un tiempo en el que está en marcha la organización del proceso electoral en el que se elegirán al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional.

Hay muchas sombras sobre la conducción de Atamaint y su mayoría de tres, pues hay que decirlo que aunque ella presida el CNE, no actúa sola: Esthela Acero y José Cabrera son otros dos consejeros que minan la credibilidad de la institución electoral.

Y como si no fuera poco, Atamaint tiene el apoyo político del correísmo y de sus aliados socialcristianos. En este caso, las malas compañías no son las mejores.

Sus pasos por la política
Esta parece ser otra ocasión en la que la política hace corto circuito con la coherencia que se exige en su ejercicio. Durante muchos años, desde el despunte del nuevo siglo, Shiram Diana Atamaint Wamputsar empezó a dar señales fuertes de su interés por incorporarse a la vida pública.

En su hoja de vida se destaca que “es reconocida como una persona abierta, democrática y solidaria, y profesionalmente por sus cualidades técnicas y humanas elevadas”.

Nació y estudió en Sucúa, deportista, abanderada , ingeniera comercial, primera mujer Shuar en eser asambleísta y catedrática del Programa de Juntas Parroquiales de la Universidad Andina Simón Bolívar.

En mayo pasado cumplió 47 años, trece años antes fue elegida diputada de Morona Santiago por Pachakutik, vino la Constitiuyente en 2008, dejó el cargo y esperó dos años para volver al Congreso ya para entonces demoninado Asamblea Nacional.

El corto circuito se aprecia si se recuerda que como asambleísta tuvo críticas al autoritarismo del Gobierno de Rafael Correa por la crudeza con el Expresidente atacaba al movimiento indígena, y en que su movimiento político, Pachakutik, ha sido un duro contradictor del Partido Social Cristiano por representar a los tradicionales grupos de poder oligárquicos y neoliberales, como así lo llama; Pachakutik ha militado desde los años noventas como una agrupación política de izquierda ambientalista.

Hoy, el correísmo y los socialcristianos respaldan a Diana Atamaint. Pruebas al cántaro: la mayoría de tres respaldó, al final de cuentas, la decisión del presidente provincial de Los Ríos, Luis Páez, de clausurar la sesión donde se realizaba el conteo de votos de las elecciones seccionales de marzo de 2019.

Es curioso, pero cierto: Páez fue destituido por esta decisión, pero cuando se dio paso el reconteo suspendido de unas 800 actas inconsistentes, el socialcristiano Pascual del Ciopo declaró que ese reconteo terminó con la clausura de la sesión.

Atamaint tomó el criterio, acogió un informe no vinculante de su departamento jurídico, y puso las cosas como las había dejado el destituido Luis Páez.

Según la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la suspensión de esa sesión fue “un acto administrativo absolutamente nulo”, ante lo cual la decisión de la mayoría del CNE puso “en riesgo el debido proceso y la seguridad jurídica”.

De acuerdo a la sentencia del TCE, en el reconteo de votos, algunos candidatos del Partido Social Cristiano empezaban a perder votos de manera considerable.

Proceso electoral
Más: el informe que acogió la mayoría del CNE sobre el famoso caso Arroz Verde, pretendió ser utilizado por la defensa de Rafael Correa como prueba de descargo, en el juicio Sobornos 2012-2016 en el que está sentenciado, en primera instancia, a ocho años de prisión.

En marzo, días antes de que el país se guardara para enfrentar la pandemia por el covid19, Correa publicó un tuit que le hizo un flaco favor a Diana Atamaint: “Mientras #ElPeorGobiernoDeLaHistoria prepara paquetazo económico, sus compinches en CNE preparan paquetazo electoral. Objetivo: destituir a Atamaint, eliminar Compromiso Social, retrasar elecciones para inhabilitarme. Estela: ¿te prestarás a esta sinvergüencería?”.

Si el CNE decide postergar las elecciones en Ecuador, por pedido de un gran número de organizacones políticas que aseguran no tener tiempo suficiente para organizar sus primarias debido a la imposibilidad que generó la emergencia sanitaria, las aspiraciones de Rafael Correa de regresar como candidato, a la vicepresidencia, dice, pueden frustrarse porque el sistema de justicia tendría más tiempo para ¿ratificar su sentencia?

Los tiempos judiciales se dilatan porque la defensa de Correa suele tener argumentos para ganar días: sino es que no ha tenido acceso a toda la documentación, se ha contagiado de covid.

Correa sabe que si Diana Atamaint y su mayoría no acatan la recomendación de la Contraloría pueden ser destituidos. Los juristas, excepto los correístas, explican que el Contralor tiene facultades para hacerlo.

Pablo Celi le dice al CNE que sus recomendaciones, de agosto de 2019, de dejar invalidas firmas con las que se registraron cuatro agrupaciones políticas, no han sido acatadas. Entre ellas, Fuerza Compromiso Social, del sentenciado por corrupción Iván Espinel, que le permitió al correísmo tener partido para las seccionales de 2019.

La consecuencia de revisar esas firmas equivaldría a que estos partidos incumplan con un requisito para tener inscripción electoral y, por tanto, no podrán participar en las lecciones del 2021.

Atamaint considera que el Contralor está interfiriendo en las funciones del CNE, lo amenaza con aplicar la ley debido a que, a su entender, el país se encuentra en período electoral y por tanto, es la máxima autoridad.

En rueda de prensa del martes 23, la presidenta del CNE, dijo textualmente: "esto es una clara intromisión al proceso electoral, la que será analizada de acuerdo con lo que establece la ley. El pleno del CNE conocerá y resolverá las acciones a seguir, sustentadas en informes técnicos y jurídicos que las áreas técnicas nos harán llegar. Procederemos de acuerdo a nuestras competencias establecidas en la Constitución. Una vez que se declaró el inicio del proceso electoral, nuestra función como CNE es proteger el derecho de participación política".

Ante la pregunta de 4Pelagatos, de si ¿es correcto decir que el Contralor no se mete con los actos y las facultades del CNE, pero sí con tres funcionarios del CNE que, en este caso, no estarían cumpliendo con la ley?, el constitucionalista Rafael Oyarte contestó que “efectivamente. Lo único que está haciendo es sancionando una incorrección administrativa (…)”.

A la fecha, los consejeros Diana Atmaint, Esthela Acero y José Cabrera tienen menos de 30 días para responder porque el tiempo corre en su contra. Luis Verdesoto y Enrique Pita se mantienen desde hace varios meses en la línea contraria de esta mayoría. (I)

Atamaint y algunas de sus acciones que son cuestionadas
Diana Atamaint aparece en el radar del asambleísta Daniel Mendoza, procesado por delincuencia organizada. La enorme sombra de un pago de favores se cierne sobre ella, porque se presume que la actuación de Mendoza le salvó del informe favorable de la Comisión de Fiscalización, para ir al pleno de la Asamblea a ser enjuiciada políticamente. Habían los votos para cesarla en funciones.   

El 31 de enero pasado, la legisladora Pinuccia Colamarco, alterna de Mendoza, votó en contra del informe. Se esperaba que ella fuera el voto número siete, el mínimo de los trece integrantes de la Comisión. Atamaint se salvó con las justas.

¿En qué consistiría el supuesto pago de favores? Según la Presidenta del CNE, "el 21 de enero de 2020, Mejor Ec, de ámbito nacional, pide cambiar su nombre y deja de llamarse Mejor Ec, y se llama AMIGO. Cumple las firmas, estatus, directivas. El 3 de febrero del 2020, el CNE inscribe a AMIGO". Este es el partido con el que Daniel Mendoza llegó a la Asamblea.

Otro hecho por el cual es cuestionada, es el nombramiento de Luis Loyo Brusil como director Nacional de Procesos Electorales del CNE; hoy, Loyo está preso por el delito de tráfico de influencias.

En su defensa, Atamaint dice que Esthela Acero lo propuso para el cargo, pero ella firmó su designación. El próximo 2 de julio tendrá que presentarse, junto a Acero, ante la Fiscalía General de la Nación a rendir su versión al respecto.

Aunque fue sorpresivo, Atamaint también estuvo a favor de no reconocer los derechos de participación violentados al colectivo Yasunidos, que desde 2013 intenta una consulta popular para proteger al cien por ciento de la reserva amazónica. Cuando estuvo en el CNE transitorio, como vicepresidenta, creyó que había que hacerlo. (I)