María Cristina Reyes es clave para el futuro de Ana Galarza. El voto de la legisladora socialcristiana definirá la posición del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que se reunirá hoy miércoles 30 de enero, dentro de la investigación contra su colega de CREO.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, pidió la asesoría de la Procuraduría de la Legislatura para conocer el camino que se deberá seguir en el proceso de investigación.

En su poder existen dos informes: uno de mayoría elaborado por Raúl Tello (Unidos por Pastaza) y Lourdes Cuesta (también de CREO), que establece una sanción administrativa en contra de Galarza; y uno de minoría, efectuado por Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana), en donde asegura que existen méritos para su destitución.  

Cabezas decidió que fuera el CAL el que con base a esos análisis tomara una resolución sobre la legisladora.  

El órgano legislativo está conformado por Cabezas; la vicepresidenta, Viviana Bonilla; el segundo vicepresidente, Carlos Bergman; Soledad Buendía, de Revolución Ciudadana; Verónica Arias (ARE); Patricio Donoso (CREO) y María Cristina Reyes (PSC).

Dejar al CAL esta labor fue una decisión sui generis en los casos de investigación a los parlamentarios.  

En los procesos que se le siguieron a Sofía Espín (Revolución Ciudadana) y Norma Vallejo (Alianza PAIS), el Consejo de la Legislatura remitió los expedientes directamente al pleno, que fue quien determinó la salida de las dos asambleístas.

Cabezas sostuvo que tomó esa decisión porque a diferencia de los dos casos citados, en este la mayoría de la comisión investigadora de Galarza pidió una sanción administrativa.

Entonces, el CAL definirá el futuro en la reunión prevista para la mañana de este miércoles 30 de enero. No obstante, ya hay criterios que muestran el camino de esta definición.

María Cristina Reyes sostuvo que la investigación debe llegar hasta el pleno para que se defina una sanción. De ese mismo criterio es Viviana Bonilla, quien sostuvo que ese procedimiento lo establece el artículo 164 de la Ley de la Legislatura.

Así se pronunciaron también Verónica Arias y Soledad Buendía, quienes ratificaron la decisión de llegar hasta todos los asambleístas. “Hay que medir con la misma vara”, recalcó Buendía.

En cambio, Patricio Donoso indicó que debe tomarse una decisión y determinar la sanción contra su coidearia, que puede llegar hasta una suspensión de 30 días.

En la bancada de Alianza PAIS no había una decisión pública y estaba previsto que el martes 29 de enero sus asambleístas se reunieran para una resolución sobre el futuro de Galarza.

Salida de asesores

Mientras tanto, la Presidenta de la Asamblea decidió terminar los contratos con dos de los asesores de Galarza que fueron cuestionados durante la investigación.

Uno es Omar Mayorga, a quien se le descubrió que además de trabajar en la Asamblea era presidente del directorio de Flota Pelileo, una actividad incompatible con las normas que rigen a los trabajadores públicos puesto que solo pueden dedicarse a la docencia.

También se oficializó la salida de la asesora Carmen Alvarado, quien supuestamente trabajaba en las oficinas de Tungurahua en representación de Galarza.

Sin embargo, se determinó que no pudo aclarar su horario de trabajo ni las actividades que realizaba. Además, su credencial era usada por Francisco Sevilla, esposo de la legisladora, para entrar libremente a la Asamblea. El mal uso de este documento también establece una sanción para el funcionario que lo hiciera.

En este camino, los 327 asesores que trabajan con los asambleístas en sus oficinas en Quito y en sus provincias serán supervisados. (I)