El cable del 21 de marzo de 2006, enviado  por funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Ecuador a su país y filtrado por WikiLeaks, revela que la atención de Texaco-Chevron, desde esa época, ya se centraba en lo que dictaminara años después la Corte Federal de Nueva York.

Allí, la petrolera entabló una demanda por “fraude” en contra de abogados y asesores estadounidenses que ayudaron en en el litigio interpuesto en Lago Agrio (Sucumbíos) por 30 mil afectados por la contaminación ambiental en la Amazonía. (Ver documento ampliado)

Este juicio iniciará el 15 de octubre próximo en la Corte Federal de Nueva York, liderada por el juez Lewis Kaplan, quien el lunes pasado decidió que será sin jurado. Esto es visto con recelo por los demandados: se aceptó el pedido de Chevron, lo que viola normas fundamentales del derecho y los deja en indefensión.

Según Pablo Fajardo, abogado ecuatoriano de los 30 mil afectados, el interés de Chevron se centra en dicha Corte Federal una vez que la transnacional perdió el juicio en Ecuador, donde la justicia la sentenció a pagar $19.000 millones, por el daño ambiental provocado por más de 20 años de actividades petroleras antitécnicas y el incumplimiento en la remediación.

Ante esa sentencia, la compañía optó por frenar la ejecución de la sentencia en el extranjero, aunque eso presentó un problema: ninguna de las cortes de ejecución (Argentina, Brasil, Canadá) son aptas para analizar un reclamo de fondo. Por ello, decidió centralizar sus defensas y ataques en una jurisdicción que está del lado de Chevron: la Corte del juez Kaplan, en Nueva York. Ello, a través de un proceso basado en la ley “Rico”, que es una normativa federal estadounidense creada en los años 70, destinada a luchar contra la mafia y el crimen organizado, con implicaciones penales y civiles.

Chevron ha demandado a las comunidades ecuatorianas y a sus abogados y representantes bajo esta ley, aduciendo que son una organización delictiva que busca extorsionarla.

Según consta en http://www.texacotoxico.org/el-proceso-rico, una vez que Chevron encontró a su mejor aliado en Kaplan inició sus ataques contra el juicio ecuatoriano y sus sentencias. En el primer momento la compañía tuvo una importante victoria cuando este juez dictó una orden judicial sin precedentes: “ninguna sentencia ecuatoriana es ejecutable en ningún país del mundo”.

Es en esa Corte Federal que confía Chevron. Eso se evidencia en el cable diplomático de 2006, filtrado a su Gobierno por  Jefferson Brown, en esa época encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Ecuador.

Brown informó que la embajadora (Linda Jewell), el 17 de marzo de 2006 se reunicó con el representante de Chevron en Ecuador, Jaime Varela,  para compartir una actualización de los casos legales.

Allí, Varela le informó respecto al estado del caso en la Corte de Lago Agrio y lo que se podría hacer en la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y en la Corte Federal.

Dijo que Chevron presentaría una notificación solicitando arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversión. Esto ocurrió después.

Según Varela, “el caso federal en contra de Chevron sería totalmente resuelto: si la Corte Federal falla a favor de la petrolera, entonces el Gobierno de Ecuador tendría que hacerse responsable de la denuncia de los demandantes de Lago Agrio y cualquier juicio en favor de ellos”.

Sin embargo -según Brown- Varela no mencionó por qué pensaba que la decisión de la Corte Federal significaría que la AAA también fallaría a su favor. Sin embargo,“Varela dijo que la decisión de la Corte Federal sería determinante”.

“Los abogados de los demandantes dijeron que Chevron no dio a conocer a fondo la historia a la Corte de Nueva York, especialmente con respecto a la aceptación de Chevron ante jurisdicción ecuatoriana como parte del proceso judicial previo, en cuanto al cambio de las cortes de EE.UU. ‘forum non conviens’ (mejor jurisdicción en otra parte). Los abogados de los perjudicados también demandaron que muchos de los resultados de las pruebas hechas sobre las manchas de petróleo en Ecuador respaldaban su demanda”, añadió.

El cable diplomático de Brown fue más allá al destacar: “Estamos de acuerdo con el representante de Chevron en  varios frentes... estamos de acuerdo que el caso en la Corte Federal de Nueva York debería aclarar la situación... Además, hasta ahora, las dos partes en el caso Lago Agrio no han tenido ninguna queja sobre la administración del caso; sin embargo, están de acuerdo en que las investigaciones tienen un largo camino por recorrer y ambos han expresado su preocupación de que el proceso judicial podría verse afectado por presiones externas, en algún momento en el futuro”.

“Estamos sorprendidos que Varela, en contraste con otros representantes de Chevron con quienes  nos hemos encontrado en el pasado, no ha requerido la intervención del Gobierno de EE.UU. en el caso”, que hayan sugerido “se presione al Gobierno ecuatoriano a asumir la responsabilidad del daño ambiental en  áreas operadas por Chevron. Dadas las complejas cuestiones legales, no parece probable que los incentivos disponibles podrían convencer al Gobierno ecuatoriano de asumir lo que puede ascender a miles de millones de dólares de responsabilidad ambiental”, añade el cable.

“Chevron tiene al menos tres foros para resolver sus disputas con los demandantes y el Gobierno ecuatoriano. Mientras, nosotros vamos a seguir planteando la cuestión con el Gobierno ecuatoriano cuando discutamos asuntos comerciales. Nuestra evaluación es que estos asuntos están siendo justos y adecuadamente tratados en los tribunales o en el arbitraje y no requieren de una acción directa del Gobierno de EE.UU. en este momento”, concluye el cable firmado por  Brown (ver facsímil con al cable, que  consta en  http://www.wikileaks.org/plusd/cables/06QUITO705_a.html).

Fajardo, quien da por hecho que Kaplan beneficiará a Chevron, dijo que de ser así apelarán ante una instancia superior: la Corte del Segundo Circuito de Nueva York.

Según los afectados, Kaplan actuaría así por pedido de la compañía, que planteó la regla bajo la cual se litigue en esa Corte: que los ecuatorianos y sus abogados no sean escuchados por un jurado respecto a la contaminación ambiental ni muestren pruebas sobre los intentos de soborno y presiones ejercidos por parte de Chevron dentro del juicio.

DATOS

Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, operó en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en  los suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.

El juicio fue presentado en 1993 por los afectados de la Amazonía en la Corte de Nueva York contra Texaco-Chevron. Sin embargo, por pedido de la propia petrolera, en 2003 el caso pasó a la Corte Provincial de Sucumbíos), que sentenció a la petrolera a pagar $ 19.000 millones.

Desde 2011, tras la sentencia, Chevron ha llevado una campaña contra la justicia ecuatoriana y ha creado falsas evidencias para convencer de que el juicio en Lago Agrio es falso.

“TUITAZO” DE SOLIDARIDAD CON ECUADOR

Intelectuales y artistas de la red “En Defensa de la Humanidad” participarán hoy, desde Cuba, de un “tuitazo” de solidaridad al pueblo ecuatoriano en la cruzada contra la transnacional estadounidense Chevron, que para no pagar la indemnización por los daños ambientales en la Amazonía buscan desprestigiar a la justicia y  autoridades ecuatorianas.

El evento, que se realizará desde la Embajada del Ecuador en Cuba de 14:30 a 16:30 de hoy, busca convertirse -según los organizadores- “en un grito de dignidad”, y en una muestra de apoyo a la campaña internacional contra “La mano sucia de Chevron”.

PERIODISTAS, INVITADOS A VER CONTAMINACIÓN

El Gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaría de Comunicación (Secom), formalizó ayer la invitación a periodistas, analistas y editorialistas  para que con sus propios ojos evidencien la contaminación que dejó Texaco (Chevron) en la Amazonía.

Esta invitación pública se efectúa luego de que en el enlace ciudadano del sábado pasado, el presidente, Rafael Correa, resaltara que “el resentimiento de algunos opositores hacia la gestión del Gobierno, se evidencia con mentiras sin fundamentos de supuestos expertos petroleros como Henry Llanes, quien en un programa de radio aseguró que en el pozo Aguarico 4, donde el Mandatario sumergió  su mano y evidenció la falta de remediación, lo que había era otra sustancia y no residuos de la contaminación petrolera.

La invitación estaba dirigida “para los periodistas que ejercen con responsabilidad un oficio cuya materia prima es la verdad y la honestidad; y para comunicadores, expertos petroleros, políticos, exfuncionarios de gobiernos anteriores y editorialistas, que han llegado a afirmar que la contaminación causada por Chevron pertenece a Petroecuador, que las piscinas sí han sido remediadas por esa transnacional y que la mano del Presidente fue manchada con petróleo nuevo y no de esa época, con tinta china o con petróleo desleído con una hornilla”.

La Secom indicó que se hace  la invitación pública “para verificar in situ la contaminación en el pozo Aguarico 4, en Sucumbíos”, el 15 de octubre próximo, a las 09:00, para  lo cual se facilitará un vuelo que partirá del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hacia Lago Agrio.

En la lista de invitados constan los radiodifusores Gonzalo Rosero y Diego Oquendo; los periodistas Janeth Hinostroza y Miguel Ribadeneira; y los editorialistas Hernán Pérez Loose, Vladimiro Álvarez Grau, Jorge Vivanco, Rosalía Arteaga, Eliécer Cárdenas, Omar Ospina, Carlos Cortez, entre otros.

Además, el corresponsal de The Economist en Ecuador, Stephan Kufnner, y el relacionador público de Chevron, James Craig.

Oquendo confirmó su asistencia y dijo que le parece una forma de aproximación razonable y democrática, respetando el punto de vista de cada quien. “He mantenido una tesis en lo que tiene que ver al caso de Chevron: todos con el país”, destacó.

Arteaga también confirmó su asistencia, aunque consideró que lo más adecuado habría sido una invitación personalizada no pública.