La Contraloría General del Estado estableció que tres grupos fueron beneficiados al concentrar la mayor cantidad de medios en el último concurso de 1.472 frecuencias para televisión y radio, que organizó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Así lo señala el primer borrador del examen especial al concurso de la adjudicación de frecuencias, que se realizó del 1 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2017.

Fernando Larrea, director de Auditoría en Telecomunicaciones de la Contraloría, lideró la lectura del borrador, a cuya cita asistieron delegados de los medios de comunicación, así como del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Arcotel.

Tras indicar las supuestas irregularidades en la administración anterior, el Cordicom y la Arcotel tendrán cinco días para presentar pruebas de descargo. Luego la Contraloría emitirá un informe definitivo.

Se determinó, en el informe, que por medio de un entramado societario tres grupos empresariales concentraron las frecuencias.
Aunque no se conocieron los nombres, sí se entregaron los números de cédula de los imputados.

Según César Ricaurte, director de Fundamedios, el primero correspondería al asambleísta y dueño de la cadena radial Canela, Jorge Yunda. Allí, el ente de control identificó que el grupo está conformado por 12 empresas que postularon para 46 frecuencias. De este número, 37 fueron calificadas.

El segundo grupo está liderado por el empresario mexicano Ángel González. La Contraloría detectó 18 empresas. El grupo postuló para 19 frecuencias y alcanzó ese mismo número.

El tercero, radicado en Manabí supuestamente es presidido por Lenín Andrade, y está conformado por 5 empresas. Postuló para 13 frecuencias, de las cuales 5 fueron calificadas.

En cuanto a Televisión Satelital, TV Satelital, ligada a Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, la Contraloría determinó que en primera instancia fue descalificada para el concurso de asignación, pero que tras trámites burocráticos fue recalificada de manera ilegal, por la Arcotel.

Érika Torres, consejera del Cordicom, añadió que durante los 5 días siguientes responderán sobre los alcances que determinó el examen. Responsabilizó a la Arcotel de ser la garante de las bases del concurso para acceder a las frecuencias a nivel privado, público y comunitario.

Manifestó que la Contraloría debe determinar a los “verdaderos responsables”, por las supuestas anomalías.

Al acto asistieron Tamara Merizalde y Ana Proaño, extitulares del Cordicom y de Arcotel, pero no emitieron pronunciamiento alguno.

Ricaurte agregó que la Contraloría debe dar de baja el concurso y determinar responsabilidades penales de esta concentración. (I)