La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el lunes- con el voto unánime de los 9 asambleístas presentes- el informe para primer debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

En el informe, la mesa legislativa, presidida por el asambleísta Miguel Carvajal, recomienda que se realice una consulta prelegislativa.

Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señaló que es importante la consulta prelegislativa porque la Ley de Tierras topa aspectos de derechos colectivos, por ejemplo, el acceso a las tierrras comunitarias, territorios de pueblos ancestrales, indígenas y montubios. "Consolida derechos, pero, de alguna manera, afecta positivamente esos derechos, por ello, en nuestra opinión deben ser sujetos de derechos como manda la Constitución en el artículo 57", señaló Carvajal sobre la consulta prelegislativa.

La consulta prelegislativa se realizará luego del primer debate, a diferencia de la Ley de Aguas que se ejecutó en el segundo debate, luego de que se produjo la sentencia de la Corte Constitucional.

Dijo que los cambios de la normativa no son de fondo, "pero algunas son importantes para ayudar a precisar el texto de la ley". Hoy en la tarde entregarán el documento a la presidenta del la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien junto con el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), definirá la fecha para el primer debate.

El presidente de la comisión manifestó que la normativa propone a la Unidad Productiva Familiar (UPF) para los casos de redistribución de tierra. Detalló que la UPF variará en superficie de acuerdo a la zonificación productiva, características de producción, tipo de producción y "esto lo definirá en cada caso la autoridad agraria, en este momento el Ministerio de Agricultura y Ganadería".

Recalcó que la norma se socializó en la Costa, Sierra y Amazonía, con diferentes grupos de empresarios, campesinos, agricultores, asociaciones indígenas, de regantes, etc.

Carvajal dijo que en total se realizaron 9 reuniones de socialización a nivel nacional, de las cuales 4 fueron talleres amplios con comunas como las de Santa Elena y 5 abiertos dentro de la comisión.

El asambleísta enfatizó que en Ecuador hay cerca de 7 millones y medio de hectáreas que están en producción agrícola. De esta manera, la Ley regula las actividades de producción, "lo que se afectará con esta ley son las propiedades rurales, que teniendo vocación y actitud agrícola, no están produciendo. Lo que se afectará es a las tierras agrícolas que están dedicadas a la especulación y no a la producción, con excepciones a los miembros de la agricultura familiar; es decir, no se podrán afectar propiedades que tengan superficies menores a 25 hectáreas en la Sierra o menores a 75 hectáreas en la Costa, Amazonía y extrivaciones de coordilleras", recalcó.

Según Carvajal, no se establecieron límites para la tenencia de tierra. Pero, señaló que será la autoridad agraria la que determine límites para evitar latifundios y concentración de tierra. Explicó que la la ley define como latifundio a grandes superficies de tierra con vocación agrícola que se mantienen improductivas.

Por otro lado, la propuesta de ley plantea algunas limitaciones para regular la propiedad de extranjeros, que de acuerdo a la poropuesta no podrá ser mayor a 20 Unidades de Producción Familiar, dependiendo de la zona y requerirán una autorización del Ministerio de Agricultora. Si son menores de 10 UPF no requerirán de autorización.
Finalmente, de acuerdo a la unidad productiva y tipo de producción, la unidad de medida deberá garantizar el empleo laboral de la familia en la agricultura y los ingresos netos de al menos 2 salarios mínimos.

Comentó que la producción agrícola tiene que producir una rentabilidad que sea similar a 2 salarios mínimos, con eso se definirá si son 5 , 10 o 20 o 100 hectáreas.

La normativa recoge 5 proyectos de ley, cuyo objetivo es normar el uso y acceso a la tierra rural que deberá cumplir la función social y ambiental. Además regulará la posesión, propiedad y administración y redistribución de la tierra, como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.

La ley norma las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en materia de tierras rurales y de comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades en cuanto al reconocimiento y legalización de territorios que se encuentran en posesión ancestral.