La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social abordó este 23 de octubre cinco proyectos de ley que buscan reformar o derogar el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que tiene como objetivo eliminar las pensiones vitalicias a exmandatarios.

Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, invitada al organismo parlamentario a proporcionar cifras, indicó que el Estado desembolsa, al momento, $ 93.050 mensuales y $ 1’116.000 al año, por pago de pensiones.

Afirmó que habría un ahorro anual aproximado de $ 100 mil con la Ley que regularía las pensiones vitalicias a ex mandatarios cuestionados.

María Mercedes Cuesta, asambleísta de Fuerza Ecuador y una de las proponentes, plantea eliminar esta pensión vitalicia a los expresidentes y exvicepresidentes que estén procesados en delitos contra la eficiencia de la administración pública.

Dijo que la norma otorga el derecho a este beneficio a quienes fueron elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, pero exceptúa a los mandatarios que se les revoque el mandato.

Freddy Alarcón, otro del los auspiciantes, dijo que la pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la remuneración vigente a favor de los expresidentes y exvicepresidentes, solo sea a los que son elegidos por votación popular y se hayan posesionado en el cargo.

Exceptúa de esta disposición a los exmandatarios que se les negó el mandato o que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada en el ejercicio de su cargo o posterior a este, por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencia, testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción.

Sobre la eliminación total de pensión, se refirió la exlegisladora Paola Vintimilla al proponer la derogación de los artículos 135 y 136 de la Ley de Servicio Público y que la Contraloría investigue por qué se está entregando dinero a personas que no están consideradas en el Art. 135 para esta pensión.

“El debate nacional se cuestiona grandemente el pago de pensiones vitalicias y lejos de una connotación jubilar, aparece como un privilegio infundado”, dijo Vintimilla, quien presentó la propuesta cuando aún tenía la condición de asambleísta.

A esta propuesta se unió el parlamentario Absalón Campoverde en calidad de proponente del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público para Restaurar la Ética del Servicio Público y Combatir la Malversación de Recursos Estatales.

El legislador planteó la eliminación total las pensiones vitalicias, aduciendo que solo se debe remunerar a quienes trabajan.

Sobre la pensión de exmandatarios sin sentencias, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, considera que las pensiones a expresidentes deben mantenerse.

No obstante, cree que la comisión tiene la responsabilidad de evitar ciertas distorsiones, como la entrega de pensiones a personas que están al margen de la Ley, en donde cabe una facultad fiscalizadora.

Considera que el planteamiento para que las personas que hayan sido sentenciadas por delito contra la administración pública no puedan acceder a este tipo de beneficios es importante.

Sin embargo, cuestionó qué pasa con los exmandatarios que no se sometieron a la justicia y estuvieron prófugos, después de prescribir los procesos penales regresaron al país y siguen recibiendo esa remuneración.

Para el asambleísta Vicente Taiano, cualquier reforma que se haga sobre la norma servirá para el futuro, porque la Ley no es retroactiva. (I)