La Comisión Multipartidista creada para analizar la denuncia presentada por la legisladora Amapola Naranjo para investigar a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, recomendó no sancionar a la funcionaria ya que en dicha denuncia no se adjuntó la prueba que fuera obtenida de manera ilegal.

La denuncia de Amapola Naranjo se refiere a un supuesto intento de Cabezas de bloquear la fiscalización al presidente de la República, Lenín Moreno. Para ello se basó en un audio que fue atribuido a la presidenta de la Asamblea, en el que ella se refiere a la votación de los asambleístas socialcristianos sobre el tema.

Previamente, el secretario de la Comisión dio lectura de los documentos remitidos por la Secretaría General de la Asamblea, así como de las comunicaciones enviadas por las asambleístas Amapola Naranjo, Marcela Aguiñaga y Elizabeth Cabezas, en las que se solicitaba el cumplimiento de varias diligencias dentro de la investigación.

Fausto Terán, autor de la moción, recordó que este proceso inició con un vicio, con una irregularidad, puesto que la denuncia no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de tal manera que luego se presentó un alcance, pretendiendo subsanar el error que además vulnera el último inciso del artículo 164 de esta normativa.

El asambleísta Terán se refirió al pronunciamiento del Procurador General del Estado, en el sentido que no se podía volver a considerar algo que ya fue desechado y reconsiderado. Sin embargo se dio paso a la denuncia y a la posterior conformación de la Comisión Multipartidista.

También dieron lectura al texto presentado por la denunciante, que se refiere a pactos, acuerdos y conjuros, términos que no sustentan la denuncia, incluso uno de ellos fue explicado académicamente.

Al finalizar la sesión, en declaraciones a la prensa, tanto la presidenta de la Comisión, María Mercedes Cuesta. como el asambleísta Fausto Terán, coincidieron en que la supuesta prueba en la que se fundamenta la denuncia fue obtenida ilegalmente.

Por su parte, Aguiñaga rechazó la decisión y en declaraciones a los medios de comunicación aseguró que “esto fue una burla, una pérdida de tiempo y un irrespeto al pronunciamiento del pleno de la Asamblea Nacional”. (I)