Más de 6 horas le tomó la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional leer el informe para segundo debate sobre el paquete de 16 enmiendas a la Constitución. En el texto se incluyeron 9 modificaciones. Hasta el cierre de esta edición, continuaba el debate.

Entre los principales cambios están la inclusión de la transitoria que impediría a las autoridades de elección popular, con 2 períodos, postularse a los comicios de 2017 y el reconocimiento de los derechos de sindicalización y huelga para los trabajadores públicos que pasarán a ser regidos por la Ley Orgánica del Servicio Público.

Sobre este último punto la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, defendió una forma distinta de ver la contratación colectiva como una forma de garantizar derechos, más allá de exigencias económicas. Recordó que el cambio no tiene efecto retroactivo.

El jueves pasado la oposición presentó 3 informes de minoría. Uno de ellos fue el socialcristiano, Luis Fernando Torres, quien admitió que algunas de las 16 enmiendas no requieren ir a consulta popular como el cambio de una palabra en el artículo sobre seguridad social para la fuerza pública, modificar la edad para ser presidente y la fecha para la conformación de las mancomunidades.

Pero reiteró que la enmienda que permite la reelección de dignidades de elección popular debe ir a consulta.

Sobre una posible fractura de la oposición al presentar distintos documentos y no uno solo, el titular de la comisión, Juan Carlos Cassinelli, manifestó que ese análisis debe hacerlo la ciudadanía y felicitó que los diferentes sectores se expresen.

Horas antes el excandidato presidencial por CREO, Guillermo Lasso, acudió al edificio legislativo para insistir en el archivo de las enmiendas.

El exbanquero utilizando la consigna del “cambio”. Prometió convocar a una consulta popular en el caso de ser elegido presidente en 2017 sobre las enmiendas.

Mientras tanto, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores anunció que este jueves marcharán en contra de los cambios constitucionales. (I)