La Comisión de Fiscalización pidió formalmente aplazar el receso de la Asamblea. Este martes 30 de julio de 2019, su presidenta, Johanna Cedeño, envió una solicitud al titular del Legislativo, César Litardo.

Esta noticia no sorprendió al presidente del Parlamento. En la mañana, anticipó que analizaba esa idea. Litardo aseguró que aplazar una semana sus vacaciones les permitirá terminar con los dos juicios políticos contra los consejeros del CPCCS: José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá.

Hasta el momento, la Comisión de Fiscalización ha cumplido el cronograma establecido y la próxima semana tiene previsto entregar el primer juicio al pleno del Parlamento. Mientras que el segundo estará listo hasta el 11 de agosto próximo. Esta fecha coincidía con el inicio de la vacancia legislativa y eso generaba inquietud en la Comisión.

Mientras tanto, este martes 30 de julio de 2019 la entidad recibió a los catedráticos María Paz Jervis y Ramiro García. Ellos dieron su opinión sobre la pertinencia de la censura política a Tuárez y al resto de consejeros de Participación.  

Coincidieron en que existen los méritos legales, porque los interpelados desobedecieron el mandato de la Corte Constitucional que prohibía revisar las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio.

García sostuvo que los consejeros no se apegaron al art. 226 de la Constitución, al crear una comisión que revisaría las decisiones del Consejo de Transición. Y que se violó esa norma a pesar de que se dio marcha atrás en la comisión. Mientras que Jervis dijo que el juicio se debe concentrar en el incumplimiento de funciones de los integrantes del Consejo de Participación y no en el proceso de su selección.

Un criterio similar tiene el analista Carlos Araujo. Cree que no es viable un proceso por las presuntas irregularidades en la candidatura de Tuárez, puesto que previamente a la calificación de la postulación se debieron realizar todos los controles. “Esa es responsabilidad de los veedores o de los miembros del Consejo Nacional Electoral”.

El jurista Oswaldo Moreno apoyó el criterio y dijo que el juicio se sustenta en el incumplimiento de funciones. “Ahí podría entrar la Asamblea, pero lo de la calificación me parece innecesario”. (I)