El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel S.A.), operadora de la marca comercial de telefonía móvil Claro, no pudo justificar ayer por qué mantienen cláusulas de exclusividad en el 85% de contratos de arrendamiento de inmuebles para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en 24 provincias. Eso impediría a los dueños de los predios arrendar sitios a otras operadoras del país, lo que afectaría el mercado, la libre competencia, el desarrollo de nuevas tecnologías y los precios de los servicios.

En la audiencia pública realizada ayer en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, intervino el gerente de Asuntos Regulatorios de la Corporación Nacional de Telecomunciaciones (CNT-EP), Álvaro Mosquera. El 24 de octubre de 2012 la operadora estatal denunció a Conecel por abuso de poder de mercado.

Resaltó que dichas cláusulas de exclusividad de Conecel han impedido que la CNT-EP instale su infraestructura de telecomunicaciones en varios sitios. Aquello habría generado un grave perjuicio a la operadora estatal y, en consecuencia, a sus usuarios, al tener que incurrir en costos y tiempos adicionales en la búsqueda de nuevos inmuebles para instalar radiobases.

Añadió que esas cláusulas de exclusividad afectan también a los dueños de los inmuebles, quienes a pesar de tener la predisposición de arrendar a la CNT-EP, corren el riesgo de pagar una penalización equivalente al 40% del valor total de la renta mensual por el plazo de duración del contrato de arriendo.

“El claro carácter abusivo de esta práctica se hace más evidente porque desde la denuncia y hasta la fecha Conecel no da ningún argumento técnico que sostenga la existencia de dichas cláusulas”, indicó.

Por su parte, la gerente de Regulación de Conecel, Virginia Nacagahua, en su intervención destacó que la conducta de la empresa no es antijurídica. Explicó que como parte de su red, Conecel dispone de más de 2.100 sitios donde tiene instalada su infraestructura para servicios de telecomunicaciones, pero que la denuncia de la CNT-EP solo se refiere a cinco inmuebles arrendados por Conecel en donde supuestamente no se les dejó instalar radiobases.

A decir de Nacagahua, Conecel ha presentado pruebas que desvirtúan lo denunciado por la CNT-EP, lo cual demuestra que la operadora estatal bien pudo, sin ningún problema ni costo de transacción o gasto económico adicional, instalar su infraestructura de telecomunicaciones en predios cercanos a donde se ubican las radiobases de Conecel. Por ello negó que hayan impedido que la CNT-EP despliegue su red.

En su intervención, el intendente de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Carlos Chavarría, señaló que las pesquisas le permitieron identificar que Conecel ha impuesto cláusulas de exclusividad no adecuadas y que no ha dado paso a la compartición de inmuebles de telecomunicaciones, de radiobases y no acató lo ordenado por ese organismo de control el 30 de abril de 2013, cuando dictó una medida cautelar ordenando a Conecel levantar todas las cláusulas de exclusividad de sus contratos de arrendamiento.

“La Intendencia concluyó que Conecel ostenta poder de mercado”, dijo Chavarría. Coincidió con la CNT en que la compartición de infraestructura habría permitido fomentar la competencia, bajar precios en beneficio de los usuarios, tener mayor cobertura, el desarrollo tecnológico y la diversificación de los servicios.

La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, integrada por Sara Báez (presidenta) y por los comisionados Marcelo Ortega y Gustavo Iturralde, tiene 90 días para emitir una resolución en este caso. Luego de ello, las partes podrán apelar ante el Contencioso Administrativo.