“Hemos reconocido la existencia de cláusulas exclusivas de arrendamiento de predios para instalar infraestructura de telecomunicaciones como un hecho que, efectivamente, se puso, pero para un tema de cautelar nuestros servicios. Esto, de ninguna manera afectó a la competencia”, sostuvo Virginia Nacagahua, gerente de Regulación del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel S.A.), propietario en Ecuador de la marca comercial Claro.

La audiencia se realizó dentro de la denuncia entablada el 24 de octubre de 2012 por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), por el supuesto abuso de poder de mercado de Conecel, filial de la multinacional América Móvil.

Tras la audiencia pública que se efectuó el miércoles pasado en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, Nacagahua justificó la existencia de cláusulas de exclusividad en el 83% de contratos de arrendamiento de inmuebles para la instalación de radiobases en las 24 provincias.

Resaltó que Conecel es una empresa que tiene muchos usuarios y que por ello deben “cautelar que no haya problemas. Tal es así que tenemos la gran preferencia de los usuarios”. Insistió en que respetan las normas de compartición de infraestructura de telecomunicaciones.

A su criterio, dentro del proceso administrativo que sigue la CNT-EP en contra de Conecel, ocurrieron algunas irregularidades, entre ellas: la supuesta violación del derecho de Conecel a la defensa; la terminación anticipada del proceso de prueba, ya que les habrían contabilizado días inhábiles como hábiles; y que cuando presentaron escritos solicitando medios probatorios, se les habría negado, pese a estar dentro del término del período de prueba.

Por su parte el gerente de Asuntos Regulatorios de la CNT-EP, Álvaro Mosquera, destacó que durante el proceso y la audiencia pública, Conecel nunca explicó por qué incorporó cláusulas de exclusividad en los contratos de arrendamiento de inmuebles que suscribieron con sus propietarios.

“Lo que persiguió siempre la CNT es que Conecel abra las cláusulas de exclusividad de arrendamiento. No es nuestro interés determinar un perjuicio, en realidad lo que buscamos establecer es que esas cláusulas no nos ayudan a ser competitivos dentro del mercado y eso termina afectando al usuario”, añadió.

Por ello, señaló que espera que la Superintendencia del Poder de Mercado ordene a Conecel eliminar la cláusula de exclusividad.

Añadió que la negativa de Conecel de abrir (retirar) esa cláusula persiste, porque durante todo el proceso no lo hizo y hasta el final de la audiencia pública nunca explicaron la legalidad de imponer tales condiciones a los arrendadores.

Cuando se realiza la investigación -a decir de Mosquera- es cuando se determina que en el 83% de los contratos de arrendamiento de inmuebles existe dicha cláusula, de ahí surge la interrogante: “¿qué quería Conecel defender con eso?”.

El representante de la CNT-EP confía en que la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Poder de Mercado, integrada por Sara Báez, Marcelo Ortega y Gustavo Iturralde, dentro del dictamen que debe emitir en un plazo máximo 90 días, elimine esa condicionante de los contratos de arrendamiento de predios.

“Una vez eliminada esa cláusula, seguiremos ampliando nuestro servicio para llegar a más ecuatorianos. Eso es lo único que busca la CNT-EP, una empresa pública que genera ganancias para el Estado, que pueda abrir más negocios y, obviamente, llegar con telecomunicaciones a todo sitio”, manifestó Mosquera.

Actualmente en el Ecuador hay 17’429.706 líneas móviles, de las cuales 5’098.702 (29,25%) corresponden a Movistar, 11’968.444 (68,67%) a Claro y 362.560 (2,08%) a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP).

Datos

El 24 de octubre de 2012 la Corporación Nacional de Telecomunciaciones (CNT-EP) denunció al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel) por abuso de poder de mercado.

Si los propietarios de los predios acceden a arrendar espacios a otras operadoras de telefonía, corren el riesgo de pagar una penalización económica equivalente al 40% del valor total de la renta mensual por el plazo de duración del contrato.

CNT-EP dice que esa práctica les ha generado un ‘grave perjuicio’ al incurrir en costos y tiempos adicionales en la búsqueda de predios para instalar radiobases, que no ofrecen las condiciones técnicas para el despliegue de la nueva red HSPA+.