El viceministro de Relaciones Exteriores, Marco Albuja, en representación de Ecuador, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presente una rectificación por información que es considerada errónea y que no ha sido contrastada.

Albuja enfatizó que llama la atención que la CIDH haga los mismos cuestionamientos que la transnacional Chevron respecto del sistema judicial ecuatoriano.

Estas críticas las formuló luego de que la CIDH presentó el informe anual a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos, que incluye cuestionamientos al país y omite los progresos logrados para equiparar derechos.

Albuja destacó que “Ecuador desea manifestar una vez más su posición crítica por la discrecionalidad en el manejo de la información y sesgos demostrados en la elaboración del Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que forma parte del Informe Anual de la CIDH”.

El diplomático enfatizó que en las 634 páginas del informe de esa relatoría existen imprecisiones e información sesgada y rechazó un anexo de 34 páginas que se ha dedicado al país, rebasando sus facultades y competencias convencionales y estatutarias. LEA LA INTERVENCIÓN DE MARCO ALBUJA ANTE LA CIDH

En su informe sobre Ecuador, la Relatoría hace referencia a supuestos hechos que se han registrado en el país, según los comunicados o denuncias que ha recibido, pero no presenta una contrastación de esa información.

Además, dijo Albuja, cita varias frases de funcionarios del país sin dar detalles de las implicaciones.

El informe hace un análisis de varias leyes ecuatorianas; al referirse sobre responsabilidades ulteriores, señala que: “la Comisión Interamericana ha recibido información sobre la existencia de varios procesos judiciales contra periodistas, comunicadores y ciudadanos por la manifestación de expresiones u opiniones que altos funcionarios públicos habrían considerado ofensivas o calumniosas”, haciendo relación al juicio del asambleísta Cléver Jiménez, el exsindicalista Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

Sobre esto, Albuja señaló que “resulta incomprensible que la CIDH, con fundamento en los criterios de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, intente equiparar el derecho a la libertad de expresión como una facultad para influir en el sistema judicial”; indicó además que “la denuncia penal realizada por Jiménez, Villavicencio y Figueroa, que fue declarada por la justicia, luego de una extensa y prolija investigación, como ‘temeraria y maliciosa’, nada tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión”.

Por eso, dijo, “este espacio es utilizado para esgrimir argumentos poco sólidos en los apartados sobre la Ley Orgánica de Comunicación aprobada por Ecuador, las supuestas declaraciones estigmatizantes en medios públicos y cadenas presidenciales y las supuestas amenazas y agresiones”.

Sostuvo que toda esa información ha sido reiteradamente desmentida por el Estado ecuatoriano, pero el informe de la CIDH vuelve a incorporar datos que no han sido contrastados y los presenta de una manera sesgada y tendenciosa.

NO HAY EQUILIBRIO EN DERECHOS

Una de las críticas que Ecuador realizó fue la diferencia marcada que existe en cuanto a los informes de las distintas relatorías, puesto que la referente a la Libertad de Expresión presentó un ‘anexo’ compuesto por 634 páginas; mientras que, por ejemplo, el texto de los Pueblos Indígenas consta solo de 3 páginas; el que hace mención a las Mujeres contiene aproximadamente 2; el de la relatoría sobre los Derechos de los Migrantes llega a 3, entre otros.

Albuja detalló que “pese al esfuerzo realizado el año anterior (2013) por asignar recursos económicos de forma más ecuánime, sigue resultando alarmante el cada vez más escaso espacio que tienen las relatorías y unidades temáticas dentro del informe de la CIDH, dando lugar a una ausencia de equilibrio en el mismo”.
Para el funcionario, resulta ‘perturbador’ que la CIDH insista en priorizar el tratamiento de un solo derecho por sobre los demás.

Aseguró que no existe ninguna explicación para la división y priorización de derechos que hace la Comisión, por ello manifestó que al no ser expuestos los problemas que tienen las mujeres, niños, afrodescendientes, entre otros grupos, todos sus derechos son respetados y asumidos por los Estados y la ciudadanía con absoluta normalidad.

Albuja concluyó que Ecuador es un modelo en cumplimiento de garantías y aplicación de nuevos derechos sociales y económicos.