En menos de 15 días, la transnacional Chevron sufre tres reveses judiciales: en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de  Ecuador, la Corte del Segundo Circuito de Nueva York  y el Tribunal Arbitral de La Haya.

En esas instancias, la petrolera estadounidense mantiene diversas acciones judiciales para tratar de desprestigiar a la justicia, a los afectados y a las autoridades de Ecuador. El objetivo sería echar abajo la decisión de la Corte de Sucumbíos: en 2011 lo sentenció a pagar $ 19.000 millones de indemnización por el daño ambiental y a la salud de 30 mil habitantes del norte de la Amazonía ecuatoriana, por 26 años de actividad petrolera antitécnica y porque no hizo trabajos de remediación.

La última decisión judicial en contra de la multinacional   la emitió el lunes pasado (30 de septiembre) la Sala Penal de la CNJ de Ecuador. Calificó de maliciosa y ordenó archivar la denuncia presentada por Chevron el 2 de septiembre de 2009, en contra de ocho ecuatorianos, entre ellos, el juez de la Corte de Sucumbíos, Juan Núñez Sanabria, quien tramitó la demanda civil de los afectados en contra de la empresa.

Chevron, que compró las acciones de Texaco en 2001, denunció ante la Fiscalía General un supuesto complot para perjudicarla con el pago de millonarias indemnizaciones a miembros de cinco nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como  a campesinos de Sucumbíos y Orellana.

La petrolera involucró en el supuesto complot no solo a Núñez, sino a: Diego Borja Sánchez, Wayne Douglas Hansen, Carlos García Ortega, Juan Novoa Velasco, Aulio Tulio Ávila Cartagena, Pablo Almeida y Rubén Darío Miranda Martínez. La denuncia la entabló  Thomas F. Cullen Jr., abogado de Chevron (ver facsímil).

Durante cuatro años de indagación fiscal, Chevron jamás presentó elementos de convicción que ayuden a determinar las supuestas reuniones de Núñez con personas allegadas al Gobierno y técnicos de remediación ambiental. De allí que se calificó de “maliciosa” la denuncia.

La resolución de la Sala Penal de la CNJ, a decir de Pablo Fajardo, abogado de los afectados ecuatorianos, “es una muestra clara de que todas las acusaciones de Chevron son falsas, quienes luego de que acusan, no pueden probar”.

Añadió que esta es una prueba fehaciente de cómo Chevron hizo un escándalo en 2009, “una acusación nefasta en contra del juez  Núñez y varios funcionarios del Gobierno ecuatoriano y, que luego, pese a que tuvo cuatro años no pudo probar las acusaciones. Se equivocaron una vez más y no pueden probar sus denuncias, están desesperados”.

Fajardo explicó que la denuncia maliciosa implica que los perjudicados por esta puedan emprender acciones civiles y penales en contra de la compañía, por afectar su honra, prestigio y buen nombre. “Espero que lo hagan, para que Chevron ojalá pague no solo eso, sino el daño que le causó a la Amazonía y al país”, dijo.

Los otros reveses

La decisión de la Sala Penal de la CNJ se produce luego de que el pasado 25 de septiembre, la Corte del Segundo Circuito de Nueva York emitiera una notificación mediante la cual llama a audiencia para escuchar el reclamo  de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana que, pese a sufrir el daño ambiental causado por Texaco (Chevron), enfrentan una demanda interpuesta en EE.UU. por la transnacional por supuesto fraude.

Tal proceso se tramita en el juzgado federal de Nueva York, liderado por Lewis Kaplan, quien durante el trámite  de la demanda ha impedido a los ecuatorianos  el debido proceso.

Según Fajardo, Kaplan actuaría así por pedido de la petrolera, que pretendería se  adoptase  una regla bajo la cual se litigue en ese tribunal: que los ecuatorianos y sus abogados no sean escuchados por un jurado respecto a la contaminación ambiental ni muestren pruebas en lo referente a los intentos de soborno y otras presiones ejercidas por parte de Chevron dentro del juicio.

Sin embargo, esa pretensión de la compañía se vendría abajo luego de que la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, que es una corte superior a la presidida por Kaplan, aceptó llamar a audiencia a los afectados por la contaminación.

Fajardo indicó ayer que para el 15 de octubre próximo está previsto el inicio del juicio que está en manos de Kaplan, al que acudirán algunos de los afectados. Agregó que en ese proceso se buscará desenmascarar a Chevron, que “en esta semana tuvo que renunciar a sus pretensiones principales para evitar que sea un jurado (de varios integrantes) que conozca sus acusaciones y dejar que sea únicamente el juez Kaplan, uno solo, quien decida”.

“Esto es otro revés para Chevron, porque está renunciando a sus pretensiones. Tiene  miedo de que un jurado conozca en juicio el crimen cometido en Ecuador. No se trata de una audiencia, es el inicio del juicio, pero si Kaplan beneficia a la compañía, apelaremos a la instancia superior que es el Segundo Circuito de la Corte de Nueva York, que tiene mejor prestigio ”, destacó Fajardo.

Este inicio de juicio ocurrirá, además, luego de que el 17 de septiembre pasado el Tribunal Arbitral de La Haya, dentro de una demanda entablada el 23 de septiembre de 2009 por Chevron en contra del Estado ecuatoriano, emitiera un laudo o resolución parcial que no afecta los reclamos o demandas individuales ni la sentencia de la justicia ecuatoriana por la contaminación ambiental en Sucumbíos y Orellana.

DATOS

La semana pasada, el canciller Ricardo Patiño trasladó a la reunión de la ONU sus denuncias sobre la  campaña difamatoria de Chevron contra el Gobierno. “Ninguna empresa puede estar por encima de la ley”, dijo Patiño y planteó crear un mecanismo para que las transnacionales respeten los derechos humanos y el ambiente.

Texaco operó en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en  los suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.