El procurador general, Diego García, denunció que varias comunicaciones y correos internos del gobierno, incluidos del presidente Rafael Correa, fueron interceptados y trataron de ser utilizados por Chevron en un juicio contra ecuatorianos y sus abogados en Estados Unidos.

"Hace dos o tres semanas en Nueva York un juez pretendió liberar cierta información privilegiada de autoridades del Estado ecuatoriano y logramos impedirlo en las cortes de Nueva York", sostuvo García al periódico digital Ecuador Inmediato.

Se trata de "correos electrónicos (...) comunicaciones internas entre funcionarios del Estado" que finalmente no fueron dados a conocer ante el tribunal por tratarse de datos reservados aunque, según García, el pasado 29 de octubre el asambleísta Clever Jiménez aludió en un boletín de prensa a contenidos de esas comunicaciones, lo que consideró una muestra de "alta irresponsabilidad" y un hecho "realmente preocupante".

"Hay comunicaciones entre autoridades del Estado que incluyen al Presidente de la República y al Procurador General de Estado. Eso significa que están siendo espiadas las autoridades del Estado y esa información que intentó ser utilizada en Nueva York, en la acción Rico, es parte de la información que hoy pretende ser filtrada a través de un boletín de prensa del asambleísta Cléver Jiménez", recalcó García.

En dicho comunicado, Jiménez habría afirmado que "el bufete de abogados Foley Hoag (...) fue contratado por el gobierno ecuatoriano para la defensa en varias demandas internacionales, pese a que trabaja para la multinacional Chevron-Texaco".

"El mismo tema del supuesto conflicto de interés de Foley Hoag en el caso Chevron, estaba entre los correos electrónicos que pretendieron ser presentados por Chevron en el juicio Rico y que un propio juez de Nueva York impidió que circularan al tratarse de información privilegiada, información que está vinculada a la relación cliente-abogado", reiteró el Procurador.

La información que supuestamente fue conocida por Jiménez "no tendría por que estar en manos de cualquier persona, salvo que la haya obtenido legalmente a través de un pedido", indicó García. "No recuerdo que el asambleísta Jiménez me haya pedido información". "Me pregunto cómo la obtuvo", añadió.

La Procuraduría ya ha rechazado las manifestaciones del legislador y, aunque, en un comunicado difundido el sábado, admitió que existe "una relación contractual con el estudio jurídico Foley Hoag (...) para la codefensa del Ecuador en varios litigios", agregó que "no es cierto que dicha firma trabaje para la compañía Chevron, sus filiales o empresas relacionadas".

La petrolera estadounidense fue condenada en 2011 por la Corte de Sucumbíos a pagar más de 19.000 millones de dólares de indemnización por los graves daños que se le imputan haber dejado en la Amazonía durante el tiempo en que operó en Ecuador, entre 1962 y 1990.

Un tribunal arbitral de La Haya, a su vez, tramita una demanda de la petrolera para intentar endosar a Quito el pago de la indemnización.

Audio tomado de Ecuador Inmediato