Un Tribunal de Cuentas, que sustituya la función del Contralor General del Estado, fue lo que planteó Pablo Celi, titular de este organismo, como parte de un proyecto para la reestructuración de esta entidad.   

La autoridad anunció que este planteamiento será entregado al presidente de la República, Lenín Moreno, con la finalidad de modificar la estructura de funcionamiento de la Contraloría del Estado. Otro de los cambios es que se incorpore a la ciudadanía en las actividades del organismo de control.

La propuesta se trabajó durante tres meses, en los cuales se analizó la necesidad de generar un esquema más desarrollado de control de los recursos que, a criterio de Celi, pueda responder al origen histórico de la institución y con la experiencia internacional.

Con la propuesta se espera que el proyecto sea evaluado y se determine el mecanismo legal a través del cual se lo debata y apruebe. “Obviamente un proyecto que contiene precisiones de tipo funcional y legal se debe socializar con la ciudadanía”, aclaró.     

En teoría, el Tribunal de Cuentas estaría compuesto por siete personas que se integrarán de manera colegiada.

Con esta acción Celi estimó que se añade un componente más al procedimiento técnico de la auditoría, que tendrá distintas fases de responsabilidad. “Estamos proponiendo que los informes sean aprobados por salas especializadas y, en segundo lugar, determinen una sanción administrativa, civil o penal, en base a la deliberación de un tribunal”.

Esta alternativa de reforma es estructural, advirtió, por ello consideró que no se trata de registrar en este momento reformas aisladas a la Ley de la Contraloría, sino que es necesario enfrentar un momento nuevo en el desarrollo institucional del país.

Recordó que al inicio de su gestión derogó el reglamento sobre la  delegación de firmas, por considerar que no se puede eludir la responsabilidad que tiene el Contralor del Estado.

“Por esto proponemos un esquema que dependa no de una autoridad unipersonal, sino de una manera colectiva, con tribunales expeditos por materia”.

Esta transformación supondrá reformas legales en las funciones, competencias y estructura de la Contraloría y el mecanismo para la designación de los miembros del Tribunal, en concordancia con la conformación colegiada.

Además se incorporan mecanismos para que las personas sean tomadas en cuenta, tanto en las denuncias como en el acompañamiento permanente del trabajo de los auditores, especialmente de las comunidades afectadas por la ejecución de un contrato.

Acceso ciudadano

Para octubre se prevé implementar, a través de la página web institucional y el balcón de servicios, un mecanismo para la participación de la ciudadanía, en la elaboración del Plan Anual de Control de 2018, para el desarrollo de las auditorías y exámenes especiales.

La página web contará con una línea abierta para la recepción de iniciativas, en cuanto a la realización de auditorías que se incorporarán en el plan anual. Además se habilitará una ventanilla específica en la institución, a nivel nacional, que estará a disposición de las personas y organizaciones sociales, para que ejerzan su derecho a la participación y al control social. (I)

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La convocatoria del CPCCS tuvo poca asistencia

La inclusión de medios de comunicación comunitarios para que también informen sobre el proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado fue uno de los temas que se analizaron en el diálogo entre periodistas y técnicos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ayer en Guayaquil.   

La razón de esta propuesta es que en la primera fase de encuentros ciudadanos se sugirió que haya mayor acceso a la información sobre el proceso de selección de la nueva autoridad de control; en ese sentido se propuso publicar la información en medios de comunicación de alcance nacional, obviando a los de cobertura regional o local.

La jornada se desarrolló en un auditorio con capacidad para más de 100 personas, aunque solo asistieron 10 comunicadores de radio, prensa y televisión, quienes analizaron los 48 artículos del actual reglamento.

Walter Gómez, delegado provincial del CPCCS, lamentó el poco interés de ciertos medios de comunicación para participar en estas jornadas, al menos, para conocimiento general de los procesos que se llevan en la entidad y después informar a través de sus informativos.

“Cuando hay un escándalo político ahí están, pero en esto hemos llamado por teléfono a coordinadores, enviado correos electrónicos, escrito en las redes sociales, a través de nuestra página web y no acuden a participar”, dijo.

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cerca de 1.100 personas, entre actores sociales y de la academia, realizaron aportes al reglamento del concurso de oposición y méritos para la designación de la autoridad. (I)