La propuesta tiene como objetivo mejorar el desempeño de la Contraloría y cambiar la estructura de la entidad. De esta manera, la fiscalización de los recursos públicos no dependerá de una sola persona, como el Contralor, sino de un cuerpo colegiado integrado por siete ministros auditores.

El actual contralor subrogante, Pablo Celi, presentó el proyecto al Ejecutivo y esta semana tomó mayor relevancia por el respaldo del presidente Lenín Moreno. El apoyo presidencial es parte del trabajo gubernamental para luchar contra la corrupción.

El contralor Celi aseguró que se inició la transición de un organismo unipersonal a otro de carácter colectivo. Para ello se creó una comisión especial que debate la normativa, estructura y procedimientos del Tribunal.

Con ese giro se dejará atrás un esquema que funciona por más de 90 años en el país. Esa comisión está conformada por Pablo Dávila, consejero del Consejo de Participación Transitorio; María Paula Romo, ministra del Interior; y Celi. Ellos determinarán el camino legal para implementar esa iniciativa.

El proyecto de Celi propone que el organismo colegiado con siete magistrados de control se divida en dos salas: la de auditoría administrativa y la de juzgamiento de cuentas.

La primera permitirá emprender el sistema de control administrativo con auditorías internas y externas de las entidades.

La segunda determinará las responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales de los funcionarios. En la actualidad, el organismo controla el uso de los recursos públicos y elabora exámenes especiales de todas las instituciones del Estado.

Por eso el Tribunal de Cuentas reforzará las auditorías, así como determinará las responsabilidades. Además habrá mayor control interno porque existirá la deliberación de los magistrados antes de la aprobación de informes.

El Tribunal revisará las resoluciones de las salas antes de divulgar los resultados y enviar a los organismos públicos, como la Fiscalía, por ejemplo.

El Contralor dijo que esa propuesta responde a un momento nuevo de madurez y recuperación institucional. También a la demanda social de fortalecer el organismo de control, que sustente con su práctica a un régimen democrático con competencias diferenciadas entre los órganos del Estado.

Los siete integrantes del Tribunal cumplirán las funciones de ministros auditores y jueces de cuentas.  

De ellos, dos serán designados por la Asamblea; uno por el Presidente de la República; dos por concurso público de oposición y méritos; y dos funcionarios de carrera designados por concurso interno.

En la primera sesión de trabajo, el pleno del Tribunal elegirá un presidente y se dividirá en las dos salas.

Para el consejero del Consejo Transitorio Xavier Zavala la propuesta de la Contraloría es muy acertada y fortalecerá la transparencia en ese organismo.

Anotó que su conformación plantea pluralidad porque promoverá el debate interno por los principios de legalidad de sus resoluciones.

Zavala aclaró que este Tribunal no escapará al control político establecido por la Asamblea. Es decir, estará sujeto al juicio político si transgrede sus funciones.

Para viabilizar la transformación de la Contraloría, para la próxima semana está previsto que la comisión determine si es necesario una enmienda o reforma constitucional. Eso implicaría una consulta popular.

Otro de los planteamientos es la de preparar una reforma legal dirigida a cambiar la estructura interna de la entidad, lo que deberá aprobar la Asamblea.

Cualquier camino jurídico que escojan, el Jefe de Estado deberá presentar este proyecto. (I)