La Asamblea ya ha discutido al menos cuatro cambios a la Carta Política del Ecuador. Pero aún no se define el camino para ello: enmiendas, reformas parciales, referéndum y consulta popular.

Los temas que deben ser modificados son el matrimonio igualitario, las atribuciones de designación de autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana, el tema minero y el cambio de la Contraloría a un Tribunal de Cuentas.

En junio de 2019 el pleno de la Asamblea recomendó la activación de una comisión ocasional para tratar reformas a la Constitución. Eso ocurrió por el debate del retiro de la atribución de nombrar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana.

Pero esa mesa legislativa nunca se integró a pesar de que los temas de índole constitucional se ampliaron por la resolución de la Corte Constitucional (CC), que le dio paso al matrimonio igualitario.

De la misma manera surgieron otras propuestas de enmienda, como la de la explotación minera o la propuesta de que la Contraloría pase a ser un Tribunal de Cuentas.

Para el legislador Héctor Muñoz, de SUMA, es necesario que los legisladores lideren los cambios a la Constitución, por ejemplo, sobre la resolución de la Corte Constitucional que dio paso al matrimonio igualitario. Él dijo que para evitar cualquier mala interpretación, lo adecuado es que se adecue el texto constitucional de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Considera una obligación de la Asamblea activar esa comisión ocasional que trate las reformas y elabore el informe para la discusión en el pleno. Sin embargo, María Dolores Miño, docente de la Universidad Internacional, estima que es suficiente con la resolución de la CC, pues las cuestiones relacionadas con el ejercicio de los Derechos Humanos no podrían modificarse por esta vía. Pero queda pendiente, desde la Asamblea, la adecuación de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles.

La CC exhortó al Legislativo, en el punto resoluto tercero: “revisar integralmente la legislación sobre el matrimonio para incluir como cónyuges a las parejas del mismo sexo, con idéntico trato al otorgado a las parejas heterosexuales”.

Lo anterior está en concordancia con el artículo 2 de la Convención Americana, que impone a los Estados la adecuación de su ordenamiento interno a las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Según Muñoz, es imperioso que la Asamblea trate el tema del Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta que en marzo pasado ya se discutió en el pleno la alternativa de reforma parcial a la Constitución.

Con una resolución legislativa podría pasar a la Corte Constitucional y una vez obtenida la aprobación, debe regresar la resolución para debatir en el pleno. Luego enviar al Consejo Nacional Electoral y que en 45 días convoque a referéndum.

Las reformas parciales son una buena opción para ajustar el texto constitucional a las necesidades cambiantes de la sociedad, dijo Juan José Alencastro, docente de la Universidad Católica de Quito. “Es mejor realizar pequeños ajustes que pretender, cada cierto tiempo, rehacer por completo la norma fundamental”, señaló.

Una de las propuestas pendientes de carácter institucional que se presentó ante la Asamblea es el cambio de la Contraloría del Estado por un Tribunal de Cuentas. Esto se considera como un cambio “fuerte”, no porque afecte la estructura del Estado o de la Constitución, sino por el objeto y la finalidad del mismo. La entidad pasará de tener un Contralor a un cuerpo colegiado de cinco integrantes.

El objetivo es mejorar la instrumentación interna y facilitar los procedimientos propios y derivados que surgen de las acciones de control a los bienes públicos. Pero primero debe haber un régimen de transición para garantizar el cambio correcto de la Contraloría a un Tribunal de Cuentas, explicó Esteban Ron, experto en políticas públicas y docente de la Universidad Internacional del Ecuador.

El tema minero es otro aspecto que necesita una reforma constitucional. ¿Por qué? Según Henry Troya, abogado experto en Derecho Minero, eso es necesario para lograr una estructura legal que garantice el desarrollo del sector minero de manera responsable.

En 2008, cuando fue elaborada la Constitución, la política pública nacional volcaba la mayor parte de su atención al petróleo. “Esto llevó a cometer el grave error de concebir que las dos industrias tienen el mismo giro de negocio y por consiguiente la normativa que rige a la una puede regular a la otra”, señaló Troya.

Eso ha generado incongruencias terribles entre la actividad minera y las normas que la regulan. Todos estos cuatro temas necesitan ser discutidos y debatidos en la Asamblea.

Todavía no existe ningún cronograma para tratar esas reformas a la Carta Política. Tampoco se activó la comisión ocasional para analizar las enmiendas, propuesta que se hizo en junio de 2019. (I)