La Asamblea Nacional busca sus propios responsables tras el laudo arbitral parcial en contra de Ecuador y a favor de la empresa  petrolera Chevron.

En medio de una investigación de Fiscalía por supuestos “cobros indebidos” de los legisladores a sus asesores, la Asamblea busca resarcirse y recuperar su rol fiscalizador.

Esta semana, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará si es necesaria una investigación o fiscalización política en busca de los responsables por el fallo a favor de la petrolera estadounidense que operó en la Amazonía ecuatoriana.

Esa petición será mocionada por uno de los integrantes del CAL, el asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano. Incluso, le propondrá personalmente a la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, hoy en Riobamba.

Reconoció que en dicho caso debe responsabilizarse a funcionarios del Gobierno anterior y a jueces que participaron en la sentencia que fue observada por la Corte de La Haya.

Asimismo, propuso a la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, que convoque al procurador del Estado, Íñigo Salvador, para que aclare la sentencia jurídica.

Otros movimientos políticos como CREO revisarán los plazos para posibles juicios políticos. Además, solicitarán la comparecencia de los funcionarios implicados a las comisiones respectivas.

“La Asamblea debe estar del lado de las comunidades afectadas y exigir cuentas a todos los miembros del Estado que formaron parte del proceso”, dijo el legislador Roberto Gómez.

Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana también alista definiciones para esta semana. El asambleísta Esteban Melo reconoció que el procurador debería utilizar hasta el ultimo recurso en La Haya como la apelación para defender a las comunidades amazónicas.

Yofre Poma, legislador independiente (ex Alianza PAIS), no quiere pensar que “hubo traición a la patria, pero si es cierto deben afrontar juicio político los responsables de este Gobierno, del anterior o del que sea”.

Sin embargo, el artículo 131 de la Constitución establece que los funcionarios públicos son sujetos de fiscalización hasta un año después de que terminaron sus actividades. Es decir, no existe posibilidades de enjuiciar a los colaboradores del Gobierno anterior. (I)