Más de cuatro horas duró la sesión de la Comisión de Fiscalización, a la que compareció el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, dentro del juicio político que la Asamblea Nacional sigue en su contra.

La intervención del fiscal inició y finalizó con la misma aclaración: “El juicio político no es contra Carlos Baca, sino contra 2.000 funcionarios que componen la Fiscalía General del Estado”.

Agregó que la motivación del juicio político se dio por el audio que dio a conocer sobre la conversación entre el expresidente del Legislativo José Serrano y el excontralor Carlos Pólit.

Por ello, dijo que las pruebas de oficio solicitadas no responden a esa motivación, por ende la Comisión de Fiscalización viola el debido proceso.

Agregó que otra irregularidad se produce cuando se pretende incluir en el proceso hechos ocurridos antes de su nombramiento como fiscal del Estado, cuando presidió la Comisión que investigó lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010.

La afirmación de Baca fue rechazada por todos los asambleístas miembros de la mesa. La presidenta (e) Kharla Chávez recalcó que la comisión tiene la competencia de pedir cualquier prueba de oficio y argumentó que los asambleístas no violaron el debido proceso.

Homero Castanier (CREO) recalcó que las motivaciones del juicio político son porque el fiscal ha incumplido en sus funciones.

“Más allá de la decisión que tomen, el problema es que la salida de Carlos Baca dejaría deslegitimadas sus acciones en los procesos de investigación efectuados en estos 11 meses de gestión”, criticó el fiscal.

Agregó que de darse paso al juicio político “abriría la oportunidad para que los corruptos que han sido juzgados y sentenciados en ese período asuman la resolución de la Asamblea como parte de los argumentos de sus respectivas defensas para garantizar la impunidad”.

Luego de las declaraciones mostró dos diapositivas. La primera fue sobre la agenda judicial que sigue la Fiscalía. En ella se encuentran 10 casos. La segunda hacía referencia sobre los 15 delitos investigados y los 21 casos en investigación previa que ha seguido en su gestión.

Sobre una posible “violación a la intimidad” que habría ocasionado por difundir el audio entre Serrano y Pólit, Baca negó que haya cometido el delito.

Argumentó que el audio estuvo en la red social Twitter el 26 de febrero a las 08:24, por lo tanto es información pública que “se define como todo archivo, registro, dato o comunicación contenida en cualquier medio, que no haya sido clasificado como reservado”.

Posteriormente pasó a referirse sobre la declaración juramentada del sargento segundo Danny Ibarra, quien reiteró que fue obligado a crear un parte policial falso.

Citó la comparecencia de Omar Pino Bastidas, notario séptimo. Según Baca, el notario había reconocido que la declaración juramentada fue editada. “Entonces, no fue una declaración libre ni voluntaria”, advirtió.

Puntualizó que el 5 de marzo, cuando supuestamente se intimidó al policía Danny Ibarra, estaba en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia. “Se están tergiversando los hechos para acusar al giscal general”.

Para contar con los recursos para su defensa, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Asamblea Nacional desde el 1 de marzo.

Sin embargo, denunció que los videos fueron borrados, justamente a horas en que el agente Ibarra supuestamente acudió al Palacio Legislativo para denunciar las presiones que recibió.

El proceso de juicio político fue iniciado por el Partido Social Cristiano luego de que 103 asambleístas reunidos en el pleno apoyaran el proceso.

Dentro de los próximos cinco días, la Comisión deberá elaborar un informe y remitirlo a la Presidencia del Legislativo. El mismo puede contener la observación de archivar el proceso, como también la recomendación de paso al juicio político. (I)