El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, José Valencia, informó el martes 5 de febrero que envió a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre la exasambleísta Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, quienes estarían tramitando asilo en esa nación.

En una rueda de prensa, Valencia apuntó que los documentos judiciales avalan que los dos ciudadanos "son buscados por jueces ecuatorianos".

"Son requeridos por tribunales de nuestro país, por infracciones comunes. Por lo tanto, no hay de por medio ningún tipo de consideración política", aseguró.

Aclaró que la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores es poner esta información judicial a consideración de las autoridades bolivianas y puntualizó que el caso se enmarca en un tema de índole judicial.

El titular de la diplomacia ecuatoriana señaló que aún no han recibido respuesta del Gobierno bolivariano, pero que desde su cartera de Estado, darán seguimiento al tema.

La ministra del Interior, María Paula Romo, informó la semana pasada que el exsuperintendente de Comunicación y la exasambleísta Espín estaban en Bolivia, donde "estarían realizando gestiones para pedir asilo".

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó en enero una orden de prisión preventiva contra Espín, después de que incumpliera la medida de presentarse periódicamente ante la Corte, tras haber sido acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El pasado 7 de noviembre, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un auto de llamamiento a juicio contra Correa (que vive en Bélgica) y otros tres exfuncionarios por el caso del secuestro en Colombia en 2012 al activista político Fernando Balda.

El juicio a dos agentes ecuatorianos de inteligencia, autores confesos del secuestro a Balda en Colombia, se inició el lunes 4 de febrero en la Corte Nacional de Justicia y continúa este martes con, entre otros, la presentación de pruebas testimoniales por parte de la Fiscalía.

Asimismo, un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra Ochoa, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento.

Ochoa ha sido acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación, tildada como "mordaza" por gremios de periodistas, así como de presuntamente haber alterado un texto para sancionar a medios de comunicación. (I)