Iván Orosa, asesor del canciller Guillaume Long, reconoció este viernes que el caso de Julian Assange sí ha traído afectación a las relaciones diplomáticas con Suecia y Reino Unido. Pero a pesar de aquello, el asesor señaló que el Ecuador no se arrepiente, porque considera que el caso defiende principios irrenunciables como los derechos humanos.

La semana pasada, el canciller Long se reunió con Hugo Swire, ministro de Estado para la Foreign Office (Ministerio del Gobierno Británico). Y, según Orosa, en ese encuentro el ministro ecuatoriano instó a reanudar el diálogo y contar con una relación más fluida. Sin embargo, confesó que la respuesta fue desalentadora. "Prácticamente nos dijo que no hasta que no se resuelva el caso Assange", manifestó al final del ciclo de conferencias "Julian Assange, 4 años de libertad negada", que se realizó en Ciespal.

Oroso señaló que la "lucha será compleja", pero que el Ecuador actuará en derecho.

El asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que el caso Assange se debe mirar en toda su dimensión. Y que nos permitió tomar consciencia y debatir sobre el acceso no autorizado a las comunicaciones. Dijo que el debate debe ser global, en donde deben analizarse los "peligros del internet".

Agregó que en varias conferencias internacionales, el país defendió al internet como un espacio de paz, sin ningún tipo de agresiones.

A su criterio, el caso Assange debe continuar debatiéndose porque permite comprender los procedimientos para desactivar las arbitrariedades.

Agregó que el proceso ha permitido demostrar que se puede incidir en instancias multilaterales, a través de nuevas instituciones. Habló, por ejemplo, de cómo Ecuador promueve ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra la protección a los derechos humanos.

Recordó la postura del gobierno nacional, acerca de que no se puede defender los derechos humanos cuando no se han ratificado los pactos e instrumentos internacionales. Reiteró que el Ecuador ha firmado todos los instrumentos y pactos de defensa de derechos humanos.

Por último recordó que el próximo año será electoral y por ello recalcó en la obligación del Estado ecuatoriano con la seguridad y vida de Assange que debe superar cualquier "color político".

Dijo que deslegitimar lo actuado en estos años sería un retroceso en la postura ecuatoriana de 10 años. Motivó a la ciudadanía a seguir debatiendo en la toma de consciencia global.

De su lado, María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Nacional, defendió la postura ecuatoriana al haber entregado el asilo político al fundador de WikiLeaks. Aclaró que el proceso "fue humanitario y de defensa de los derechos humanos". Indicó que el país está consciente que los temores de Assange son "fundamentados".

Cree que los derechos humanos de Assange fueron violentados y recordó que el caso demostró el poder de los medios al secuestrar la verdad para ocultarla de la historia. (I)