El 'caso Assange', con las implicaciones jurídicas, diplomáticas, y políticas que contiene, fue expuesto este martes como parte de la jornada académica 'Julian Assange, 4 años de libertad negada', que inició el lunes en el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina (Ciespal), con sede en Quito

Baltasar Garzón, defensor del activista; y Fidel Jaramillo, de la Fiscalía General del Estado; participaron con el eje 'El caso Assange a la luz del Derecho Internacional y los Derechos Humanos'.

Garzón recalcó que "se encuentra bajo la jurisdicción de Ecuador, no de Suecia o el Reino Unido".  De la misma manera, explicó que en estos cuatros años no existe colaboración de los países involucrados en la situación del fundador de WikiLeaks, como Estados Unidos, Reino Unido y Suecia.

Por ello, el jurista lamentó que el Reino Unido no aplique una normativa- en vigencia desde 2015-, la que refiere que no habrá detenciones, si el procesado no tiene formulación de cargos del país que lo solicita. "Ese es el caso de Assange, pero una disposición transitoria lo impide". Y confirmó que la defensa planteará un juicio de revisión de la orden de entrega de Assange.

En estos cuatro años, sostuvo que tres de los cuatro procesos abiertos han prescrito, y que el asilo político de Assange, es un asunto del Estado ecuatoriano, por lo que no existen elementos jurídicos, para que en el caso de algún gobierno de tendencia diferente al actual, plantee rever tal decisión.

También lamentó otras situaciones sobre el caso Assange, como la negativa de las autoridades de no permitirle salir de la Embajada ecuatoriana en Londres para recibir atención médica, y la negación del pedido de salvoconducto, que solicitó el Ecuador.   

Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la FGE, enfatizó sobre la Decisión 54 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU. La misma que refiere a que la detención de Assange es arbitraria, y viola principios fundamentales que justifiquen la privación de libertad, y la posibilidad de revisión judicial.

Jaramillo se refirió sobre las detenciones del activista australiano,  y la describió como una prolongación de la privación de libertad, porque quebranta estándares de: razonabilidad, necesidad, y proporcionalidad. 

Insta a reconocer dictamen

En una rueda de prensa, Garzón se refirió también al dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU e indicó que "estamos tratando de que la justicia sueca reconozca dicha resolución y la vinculación de la misma". 

En el dictamen, los cinco expertos independientes del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria también instaron a las autoridades de ambas naciones a poner fin a la detención del fundador de WikiLeaks y a respetar su derecho a recibir una compensación.

"No ha sido así. Era previsible que no fuera así", señaló Garzón. 

El exmagistrado apuntó que el dictamen del comité de la ONU es vinculante, por lo que también debe ser acatado por el Reino Unido. (I)