La legisladora Karina Arteaga (AP) junto a su abogado Luiggi García señalaron este martes 11 de febrero de 2020 que las acusaciones del asambleísta  independiente Fabricio Villamar son temerarias y maliciosas.

Villamar ingresó este martes 11 de febrero la documentación correspondiente a Gestión Administrativa de la Asamblea Nacional para que se conforme una comisión multipartidista que analice el presunto caso de gestión de cargos públicos de familiares de Arteaga.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo encargado de este procedimiento, se reunirá este jueves 13 de febrero para conocer y resolver las denuncias hechas contra la legisladora de AP.

García, defensor de la parlamentaria, señaló que pedirán al CAL que archiven la causa, pues aseguró que carece de fundamento legal.

El jurista indicó que Villamar denunció los mismos hechos en la Fiscalía en septiembre de 2018, en donde se inició la investigación previa, dentro de la cual el denunciante no aportó un solo elemento de convicción o una sola prueba.

Asimismo, la asambleísta por la provincia de Manabí explicó que sus parientes ocupan esos cargos desde 1996, hace ya 24 años, cuando ella no era legisladora. Negó haber gestionado cargos públicos y conminó a que Villamar acuda ante un notario y firme la denuncia que realiza.

Sobre las denuncias efectuadas por su exasesora, Verónica Pinargote, indicó que probará que el dinero que se depositó en la cuenta de su esposo le pertenecía.

Datos entregados por la Fiscalía General del Estado a este Diario señalan que la entidad mantiene en investigación previa los casos de diezmos y tráfico de influencias contra los legisladores Johanna Cedeño, María José Carrión, Marcia Arregui y Teresa Benavides, de las filas del oficialismo.

Además de Juan Pablo Velín, exmilitante de AP; Fernando Burbano, antes de CREO-Podemos; Sebastián Palacios, de SUMA; Washington Paredes, antes de SUMA; y Tito Puanchir, de Pachakutik. (I)