El proceso para un juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, se inició este lunes 8 de julio con la presentación formal del pedido.

Fabricio Villamar, asambleísta de CREO, entregó la documentación al departamento de Gestión de Documentos del Legislativo. De ahí pasará a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En tres días debe resolver su calificación.

De ser viabilizado corresponderá a la Comisión de Fiscalización iniciar la debida investigación. El acusado tendrá 15 días para  presentar sus pruebas de descargo. El acusador hará lo mismo.

Una vez que escuche y reciba la documentación de las partes, la comisión emitirá un informe que fundamente o no el juicio político. De existir causales el pleno deberá pronunciarse a favor o en contra de la destitución.

La solicitud de Villamar cuenta con el respaldo de 57 firmas de legisladores provenientes de los bloques de Suma, CREO, Partido Social Cristiano-Madrea de Guerrero (PSC-MG). Además están legisladores del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), Bloque de Integración Nacional (BIN) y Alianza PAIS (AP).

Según Villamar, cuatro son las presuntas causales para la interpelación. La primera es haber violentado la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 21, que prohíbe a representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros.

En segundo lugar incumplir con el artículo 208, numeral 4, de la Constitución que ordena al consejo investigar las denuncias de corrupción.

Asimismo por no cumplir su función principal como servidor público, que es presidir el organismo con ética laica e independencia; y carecer de la probidad necesaria para las funciones de transparencia. “Tuárez carece de la probidad necesaria para ejercer las funciones con transparencia, pues sobre él pesan denuncias” dijo Villamar.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, advirtió que “si se comprueba que existe falta de probidad, falsificación de documentos, el uso de su condición religiosa en el proceso de elección apoyará el juicio político”.

Litardo consideró que Tuárez faltó el respeto a la Asamblea, la semana pasada, puesto que el sacerdote rehusó ser parte del control político que realiza la Comisión de Participación Ciudadana.

En una exposición de menos de 10 minutos el pasado miércoles 3 de julio, Tuárez dijo a los integrantes de la comisión mencionada, que no puede ser sujeto de fiscalización ni juicio político por acciones previas a su nombramiento.

Durante la jornada de este lunes 8 de julio el sacerdote prefirió no pronunciarse.

Se prevé que hoy martes 9 de julio la Comisión de Participación presente un informe sobre la situación de José Tuárez. La documentación podría aportar como pruebas para el juicio político.

Ante una posible destitución, la asambleísta Cristina Reyes dijo que está preocupada porque el reemplazo de Tuárez sería Javier Dávalos. “Es un rabioso correísta que estaría dispuesto a echar abajo lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio”, dijo. (I)

Detalles
Actividades en el territorio
El fin de semana José Tuárez cumplió varias actividades en el territorio, participó en conversatorios ciudadanos en diferentes cantones de Manabí. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre el juicio político.

13 de julio se cumplirá un mes de la posesión de las autoridades del Consejo de Participación.

Correístas no respaldan
Villamar manifestó que no pidió el respaldo a los legisladores de la Revolución Ciudadana, porque han advertido que no habría causales para la destitución. (I)