La detención de David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha generado debates al interior de la Asamblea Nacional.

El funcionario participó el 18 de mayo pasado en una protesta en Ibarra que realizaron los integrantes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) cuando las autoridades intentaban intervenir las oficinas de la entidad en cumplimiento a una disposición legal que traspasaba su administración al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

En esa jornada se detuvo a Rosero porque faltó de obra y palabra a los uniformados, según el informe que emitió el comandante de Policía de Imbabura.

Luego de ello, Rosero ha participado activamente en las reuniones que realizan las organizaciones sociales opuestas al Gobierno, las cuales promueven un paro nacional. Y esas actividades le están prohibidas por su condición de consejero en el CPCCS, pese a que probablemente esté en el cargo hasta finales de mes, cuando termine el concurso del que saldrán los nuevos vocales.

Rosero promocionó el evento que se efectuó en Riobamba el 30 de mayo pasado. “Organizaciones sociales resuelven preparar el paro nacional contra el correato y por mejores condiciones de vida”, escribió en su cuenta de Twitter.

El artículo 45 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana estipula que “los consejeros, durante el ejercicio de sus funciones, no podrán realizar proselitismo político”.

Los consejeros están sujetos al control social y político por parte de la Asamblea Nacional. Frente a eso, el bloque legislativo de PAIS, que cuenta con 100 de los 137 escaños del Legislativo, analizará el caso para determinar si cabe un juicio político.

Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos Colectivos  y Comunitarios, reconoció que sí se ha previsto analizar el tema en una reunión del bloque.

Aún no existe una fecha para que la bancada se reúna, explicó María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Sería esa mesa la que tramite una eventual impugnación.

Si el juicio tuviera un resultado negativo para Rosero, este podría ser cesado en funciones y estaría inhabilitado para ejercer cargos públicos. El artículo 46 de la Ley del CPCCS detalla que un consejero puede ser destituido “mediante juicio político instaurado por la Asamblea Nacional debido al incumplimiento de sus responsabilidades o por haber incurrido en una o varias de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, durante el ejercicio de sus funciones”. (I)