En enero de 2020, el activista político Fernando Balda presentará a la Fiscalía las pruebas que demostrarían el supuesto delito de tráfico de influencias en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos T. y de su asesor Mario T.    

Los elementos de convicción serían grabaciones de voz en donde se solicitan requisitos para la asignación de puestos, como por ejemplo para la Dirección de Aviación Civil (DAC).

“Estos audios fueron recabados a través de los teléfonos de las víctimas y por lo tanto también tendremos que entregar los teléfonos a la Fiscalía para que esta pueda hacer la extracción y materialización de los chats, llamadas, etc., y con ello contribuir al proceso judicial”, dijo Balda en rueda de prensa.  

Las fechas en las que se originaron estos audios van del 13 de agosto al pasado 28 de noviembre, día en que se ejecutó un operativo en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Tungurahua, Sucumbíos y Pichincha, lugares en donde se detuvo a 33 personas.

Balda sostiene que su investigación determina que era una red de “timadores” que ofrecía cargos públicos por grandes cantidades de dinero y estafaba a las personas solicitantes.

Fernando Balda no descarta participar como acusador particular del caso al que también se ha denominado Emperador.

Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de Policía (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que el día de la detención se halló como evidencia: hojas de vida, tres armas, 289 municiones, cuatro cargadores de pistola, dinero, documentos y cheques con altas sumas de dinero. La investigación duró tres meses.

José Carlos T. fue censurado y destituido de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por el pleno de la Asamblea con 84 votos a favor.

El juez Marco Guerra dictó prisión preventiva contra José Carlos T. Z. y dispuso su traslado a la cárcel 4 el pasado 29 de noviembre. (I)