La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, junto al bloque legislativo de Alianza PAIS, entregó esta mañana al diputado de Argentina, Remo Carlotto, la resolución legislativa de condena a la exigencia de la Corte de Nueva York (Estados Unidos), que el pasado 6 de junio, ordenó el pago de $ 1.330 millones a favor de los fondos especulativos que inflaron la deuda de ese país.

El caso se conoce como "fondos buitres", en donde un 7% de acreedores, que no son los prestamistas originales de la deuda, emprendieron un litigio contra Argentina.Según el gobierno de ese país, esos prestamistas entregaron $ 43 millones, pero ahora reclaman $ 830 millones con un interés del 1.600%.
El martes pasado, el Legislativo aprobó con 94 votos a favor, 16 negativos y 5 abstenciones una resolución, en donde respalda al gobierno de Argentina sobre el caso. La propuesta fue presentada por la asambleísta María Augusta Calle.

Rivadeneira dijo que el Parlamento ecuatoriano es absolutamente coherente con la política de soberanía y sobre todo "con el sentir integracionista con la hermana nación sudamericana".
A su criterio, el proceso no solo atañe a ese país, sino que "una lucha de todos los pueblos de Latinoamérica”, insistió.

En tanto, la legisladora Calle aclaró que el pronunciamiento del Legislativo es una respuesta a la agresión a la soberanía y la estabilidad del pueblo argentino, tras enfatizar que la decisión de la Corte de Justicia estadounidense no es algo que va en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino que atenta contra el pueblo argentino y la estabilidad de América Latina.

El embajador de Argentina, acreditado en Ecuador, Alberto Álvarez Tufillo, aclaró que Argentina actualmente está negociando en EE.UU. su deuda.El funcionario detalló que hubo empresas que compraron bonos, por ejemplo, en $ 64 millones, pero que un juez norteamericano los avala por $ 850 millones. “No tiene lógica y es un problema de moralidad”.

El diputado Remo Carlotto agradeció el gesto solidario de la Asamblea Nacional, y dijo que dicha resolución será trasladada a las cámaras de Diputados y de Senadores de su país. “Se trata de un perjuicio de los recursos que están destinados a garantizar derechos para nuestro pueblo, y serán usados para beneficiar a grupos económicos que no invirtieron en la Argentina para su producción”.