La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, espera remitir al Ejecutivo hasta el 28 de noviembre el texto del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que éste en su facultad de colegislador pueda aprobar o vetar algunos articulados de la ley.

Rivadeneira convocó a los legisladores para mañana a las 09:30, con el fin de reiniciar el segundo debate de la normativa.

En la sesión se tiene previsto analizar el Libro III referente a la Ejecución y las reformatorias al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial y demás disposiciones generales, modificatorias, reformatorias y transitorias.

La titular del Legislativo dijo que al final del análisis espera se estudie la reconsideración de varios artículos que requieren una redacción más precisa.

Según la principal autoridad de la Legislatura, el objetivo es que hasta el 28 de noviembre el texto del proyecto del COIP sea enviado al Ejecutivo para que ejerza su capacidad de colegislador, sea con la aprobación y promulgación en el Registro Oficial o, mediante objeción, dentro de los 30 días que disponen la Constitución y la Ley.

Invitó a los ciudadanos para que, mediante redes sociales, envíen los planteamientos para mejorar el articulado del proyecto de COIP o, de ser el caso, propuestas de reconsideración. “Nosotros recibiremos esas observaciones y las remitiremos a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para que sean consideradas en el debate”, añadió.

Rivadeneira manifestó que seguirán los diálogos con los gremios de los médicos. Destacó el trabajo de la asambleísta María José Carrión, integrante de la Comisión de Salud, así como los avances de la Comisión de Justicia. “Lo que buscamos es que exista un punto medio entre la seguridad lógica que demandan los médicos para el ejercicio de su profesión y la opinión de las víctimas o de los familiares de personas que se han visto afectadas por una mala práctica médica”, enfatizó.

El Libro III contiene 58 artículos, distribuidos en cinco títulos sobre órganos competentes, centros de privación de libertad, régimen de penas no privativas de libertad, régimen de medidas cautelares personales y rehabilitación social y repatriación.