“Sin generalizaciones” y que “se presenten denuncias concretas” fueron los planteamientos de los asambleístas en el pleno que resolvieron “brindar facilidades” para que la Contraloría y Fiscalía investiguen supuestos cobros de legisladores a sus asistentes y asesores.

En la sesión se debatió el tema y, con el voto de 114 presentes, se dio paso a la investigación sobre los hechos denunciados por el legislador Fabricio Villamar (CREO).

En la votación se abstuvo Ana Abril, alterna de Villamar, así como Henry Moreno (CREO) y Mae Montaño (independiente). Esta última argumentó que el texto de la resolución debía ser mejorado.

Dicho “secreto a voces” que circula en los pasillos de la Asamblea consiste, según los denunciantes que prefieren la reserva de sus nombres, en cobros económicos para mantener su supuesta estabilidad laboral. Aseguran que esa práctica también se efectuaba en el viejo Congreso Nacional.

Este diario constató 15 casos de supuestos pagos, también llamados “diezmos”, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Revolución Ciudadana, Alianza PAIS e independientes.

Según funcionarios, esos dineros eran para alimentar las arcas de los movimientos políticos, cancelar la cuenta del supermercado o una “ayuda” para la cuota de un carro nuevo. También iban para el pago de alimentación, movilización, salón de belleza y ropa, en beneficios de legisladores.

Durante la sesión de este jueves 6 de septiembre también se exhortó a los asambleístas que conozcan presuntos actos de corrupción a denunciar los hechos.

A pesar de la vía libre a la Contraloría y Fiscalía, los asambleístas rechazaron toda información “infundada” que atente contra el nombre e integridad de todos los integrantes del poder Legislativo.

La resolución insta a la ciudadanía a que denuncie dichos actos en la Fiscalía General. Además, el Legislativo garantizará los derechos laborales de sus funcionarios que presenten denuncias sobre actos de corrupción relacionados con este caso.

La resolución fue aprobada considerando que la Constitución señala que ningún servidor público está exento de responsabilidades por actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

A pesar de ello, según los empleados, existe miedo. No confían en la resolución propuesta por la titular del pleno, Elizabeth Cabezas, que previamente había sido aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En el debate, Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana), pidió ante el pleno que no incurran en generalizaciones que afecten a la Asamblea.

Pero, Jeannine Cruz, de CREO, denunció que le llegaron a su despacho documentos con firma de responsabilidad de un acuerdo de pago de una deuda de $ 35 mil.

“Es necesario definir los mecanismos para combatir las malas prácticas, que vienen desde décadas pasadas”, expuso Cruz.
Tampoco dio nombres de los supuestos responsables.

Por su parte, Luis Fernando Torres, del PSC, instó a que se presenten denuncias concretas en las instituciones correspondientes.

Elio Peña (Pachakutik) se pronunció sobre la necesidad de motivar a los servidores públicos a que denuncien con firmeza estos casos.

“La resolución da garantías a funcionarios que quieran denunciar dentro de la Constitución y la ley. Hemos demostrado con leyes nuestro compromiso de lucha contra la corrupción”, sostuvo Guillermo Celi (SUMA).

Cabezas insta a sustentar las denuncias sobre pagos

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, explicó ante el pleno, desde su curul, los motivos por los cuales el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió proponer un proyecto de resolución para rechazar informaciones consideradas infundadas sobre presuntos pagos exigidos a funcionarios legislativos.

Indicó que apenas se conoció de información que circuló en medios de comunicación, sobre supuestos pagos que se habrían solicitado a servidores de la Asamblea Nacional, el CAL debatió el tema y se decidió poner a consideración de los legisladores una resolución, en salvaguardia de la institucionalidad.

Las resoluciones son: pedir a la Unidad Técnica Legislativa que presente un informe sobre los pronunciamientos realizados en medios de comunicación de que habría servidores legislativos que estarían entregando parte de su remuneración.

Además, demandar que toda información sobre las denuncias se enmarque en disposiciones constitucionales y legales. También precautelar los derechos laborales de los servidores que realicen denuncias sustentadas.

Cabezas sostuvo que en el documento se recoge el pensar y el sentir de los asambleístas. “Como Presidenta, representante legal y política estamos trabajando para devolverle a la Asamblea su independencia y legitimidad”, sostuvo.

Aseguró que, en este marco, un tema como este debe ser tratado con absoluta responsabilidad, por ello rechazó la generalización que se hace en esas supuestas denuncias porque afectan la institucionalidad de la Primera Función del Estado.

Subrayó que de existir indicios de corrupción, deberán ser denunciados, documentados y probados ante las autoridades pertinentes. (I)