En el pleno de la Asamblea Nacional se inicia este miércoles 13 de mayo de 2020 el debate final para aprobar el proyecto de ley de apoyo humanitario que envío el Ejecutivo con el objetivo de contrarrestar las consecuencias de la grave crisis sanitaria que golpea al país producto de la pandemia del covid-19.

La Comisión de Desarrollo Económico preparó el informe que discutirán los 137 asambleístas, con alrededor de 22 reformas que incorporaron al texto que envío el presidente Lenín Moreno.

El proyecto original del Ejecutivo se basó en cuatro ejes referidos a la implementación de un régimen de contribuciones solidarias, que le permita al Estado garantizar los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Además de la creación de una cuenta especial de asistencia humanitaria e impulso a la economía.

Reformas que permitan sostener las fuentes y plazas de trabajo, garantizando los derechos de los trabajadores y la aplicación de un régimen temporal para prevenir procesos de quiebra e incentivar acuerdos justos y satisfactorios entre deudores y acreedores.

Pero la aprobación al parecer se complicará, pues representantes de bloques como el de CREO, que aglutina a 18 asambleístas; PSC, con 14 integrantes, y SUMA con cuatro, han expresado su oposición a la normativa porque la consideran impositiva.

Homero Castanier, de CREO, dijo que al interior de la comisión no apoyó el informe y presentó uno de minoría donde propone, por ejemplo, que la tarifa del aporte de los trabajadores a la cuenta especial humanitaria empiece con los que ganan remuneraciones desde $ 4.000 en adelante.

El proyecto del Ejecutivo señalaba que esta contribución empiece desde los que ganan $ 500, pero la comisión resolvió incrementar la base a $2.500.

Tampoco está de acuerdo con la incorporación del artículo propuesto por Doris Soliz, de RC, que obliga a las sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales -que tengan la propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador- a pagar por una sola vez una contribución del 2% sobre el avalúo catastral del ejercicio fiscal 2020.

El asambleísta manifestó que esto ahuyentará la inversión extranjera, que en esta circunstancias necesita el país. En esta línea, Guillermo Celi, de SUMA, quien igualmente se abstuvo de apoyar el informe, comentó que junto con César Rohón, del PSC, elaboraron otro informe de minoría que propone eliminar la tabla de aporte voluntario.

Aclaró que pueden recogerse recursos económicos eliminando impuestos a la salida de divisas de las empresas que inviertan en Ecuador. Rohón comentó que la aprobación de la ley se complica, pero pasaría si la bancada de AP, que tiene 38 votos, se une a la RC integrada por 31 legisladores.

El asambleísta Pabel Muñoz, de RC, aclaró que el informe para segundo debate recoge la propuesta de su bancada, del aporte de las empresas domiciliadas en paraísos fiscales, pero eso no significa que apoyen toda la ley.

Por estos motivos, la asambleísta Wilma Andrade, de la ID, que conforma el bloque de BIN integrado por 12 parlamentarios, cree que habrá dificultades para aprobar esta ley. Por eso se podría proponer que sea discutida por capítulos o artículos para evitar que la ley sea archivada.

Para la aprobación se necesitan 70 votos y el plazo para el trámite termina el 16 de mayo. Si no hay consenso podría pasar por el ministerio de la ley, es decir tal como la envío el Ejecutivo. 

Entidades financieras piden acuerdos

El diferimiento de las cuotas de los créditos hasta seis meses y la reducción de las tasas de interés que consta en el informe de segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, son temas que preocupan a las entidades de microfinanzas.

El artículo 16 establece que el pago de las cuotas reprogramadas será exigible a partir de los 90 días de terminado el estado de excepción por calamidad pública y se podrá diferir, a pedido del deudor, hasta 6 meses. Asimismo, durante el estado de excepción y hasta que este finalice, todas las entidades quedan prohibidas de generar recargos, ni intereses por mora sobre el capital de los valores suspendidos.

Patricio Chanabá, director ejecutivo de la Asociación de instituciones de Microfinanzas (Asomif), indicó que las medidas “prácticamente ponen en un grado de riesgo al sistema financiero”. Diferir vía ley hasta seis meses es “gravísimo”, los bancos por lo general se financian no solo para dar créditos, “sino para devolver los depósitos a los clientes con la recuperación de carteras”.

En el caso de los bancos de microfinanzas, esto significa diferir casi todo su activo, algunos tienen porcentajes altos del 100% de cartera entregada a micro crédito.

Chanabá asegura que el sector micro empresarial es el más afectado en toda la cuarentena, la mayoría ha diferido por dos meses sus cartera de clientes.

Considera que en la ley se debe promover acuerdos con los clientes, y que se pongan algunas condiciones.

Por su parte, Valeria Llerena, directora Ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), le preocupa que para acceder al diferimiento el cliente solo deba enviar una carta juramentada vía electrónica y decir que no puede pagar. “Las entidades conocen a sus clientes y pueden llegar a acuerdos”.

Sobre las tasas de interés en el artículo 15, Llerena cree que es un tema que debería fijarse a un análisis estrictamente técnico. Si esa tasa de interés no cubre los costos de las entidades financieras para colocar ese crédito, simplemente se deja de dar y eso causara una restricción de ese tipo de crédito, afirmó. (I)