La próxima semana la coalición legislativa, conformada por los bloques de Alianza PAIS, CREO, Suma, Acción Democrática Independiente (BADI) y el Bloque de Integración Nacional (BIN), presentará una propuesta de reforma para restarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Pero el camino para una reforma de la institución no es tan fácil, ya que necesita de una enmienda constitucional que conlleva aplicar un referéndum, acorde a lo que indica el artículo 441 de la Carta Magna.

A esta corriente se han sumado voces de diferentes sectores que están a favor de quitarle atribuciones a la entidad o desaparecerla.

El constitucionalista Diego Zambrano opinó que la eventual eliminación del Consejo de Participación implica cambios al texto constitucional, para lo cual se establecen caminos que no son alternativos sino mandatorios, inclusive para la Asamblea.

Esto porque el CPCCS constituye un órgano creado por la Constitución como parte de la Función de Transparencia y Control Social. Por tanto, su supresión modificaría la estructura fundamental del Estado, lo que remite al ámbito de la reforma parcial.

Sin embargo, no queda claro el camino para una reforma ya que se podría aducir que quitarle funciones a la CPCCS altera la estructura fundamental del Estado.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Francisco de Quito, Mauricio Maldonado, opinó que lo más factible sería la eliminación del organismo.

El catedrático explicó que el CPCCS es un órgano de la Función de Transparencia, pero no es el único. “Y fuera de sus potestades nominadoras, ni siquiera se puede decir que sea la más importante”, aclaró.

Por estos motivos opinó que eliminar el CPCCS sería beneficioso para nuestra sociedad porque fue una instancia introducida a propósito para un control desde el Estado, no desde la ciudadanía.

Consideró que un órgano como el CPCCS no solo que es anómalo en los sistemas democrático-constitucional, sino que puede facilitar peligrosamente, como ya lo hizo, la instauración de una autocracia vestida de democracia participativa.

En esta línea, la mesa por la Democracia y la Reforma Institucional del Gran Acuerdo Nacional, impulsada por el Ejecutivo, está también analizando el tema del CPCCS para determinar si  propone una consulta popular para eliminar esta entidad. Esta posición se afianza a propósito de los escándalos en los que están inmersos los consejeros del organismo.

Al cumplirse un mes de iniciadas sus funciones, los resultados son preocupantes. Apenas han sesionado en cuatro ocasiones. Se conformaron dos bloques: el de mayoría integrado por José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá. Mientras que la minoría la integran Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Christian Cruz.     

Después de 27 días de su posesión, los consejeros lograron elegir a los secretarios de Participación Ciudadana, Secretaría General y de Transparencia. También aprobaron el procedimiento para designar autoridades pendientes. Al momento Chalá, Tuárez, Desintonio y Gómez enfrentan una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

El analista Santiago Basabe dice que el problema del CPCCS está en su legitimidad democrática, independientemente de quiénes lo conforman. (I)