El pleno de la Asamblea Nacional aprobó hoy una resolución de rechazo a las observaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la Ley de Comunicación.

La propuesta fue aprobada con 91 votos afirmativos, 24 negativos, 1 blanco y 1 abstención.

El planteamiento fue presentado por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien señaló que la SIP representa a propietarios de comunicación de Latinoamérica.

Cuestionó el silencio cómplice de la SIP en graves casos de violación de los DD.HH.

Enfatizó que el organismo representa un grupo privado de medios que están defendiendo al poder.

A su criterio, la SIP defiende solo los intereses patronales de los grandes dueños de medios.

Acotó que no representa a los periodistas sino a los patrones del monopolio mediático. "Ninguna transnacional de la información nos puede ordenar lo que tenemos que hacer", aseveró.

A criterio del asambleísta Mauro Andino, la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión de la familia ecuatoriana.

Andino afirmó que de 1.149 medios de comunicación registrados en el país, solo 25 han sido sancionados (2%)."La Ley de Comunicación supera las inconstitucionales e injustas reglas sobre el control de medios", dijo Andino.

Armando Aguilar comentó que el pronunciamiento de la SIP es "distorsionado y sesgado". Recordó que algunos de los fundamentos de la LOC fueron aprobados en la consulta popular. "Democratiza el acceso a la comunicación", dijo. Aseveró que "la comunicación es un derecho de todos los ecuatorianos". Afirmó que el país no va a soportar las "injerencias" de la SIP.

De su lado, asambleístas de la oposición como Luis Fernando Torres (PSC), Cristina Reyes (PSC), Lourdes

Tibán (Pachakutik), quienes solicitaron que se archive el proyecto de resolución.

"Lo que se debería hacer es desvirtuar los comentarios de la SIP; la resolución es innecesaria", dijo Reyes.

Torres aseguró que la "decisión de SIP de derogatoria de la Ley de Comunicación se queda como exhortación o manifiesto".

Tibán dijo que las decisiones de la SIP no son vinculantes y por ello pidió que se archive la resolución.