Ana Galarza pasó de la defensa al ataque. La legisladora de CREO asegura que tiene pruebas de ilegalidades cometidas por funcionarios, asambleístas y actores políticos que impulsan su destitución. Ella no precisó ni los nombres ni las supuestas evidencias que están en su poder, pero las hará públicas luego de la sesión del jueves próximo.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, anunció el martes 5 de febrero que convocó a los legisladores para conocer los informes de la comisión multipartidista que hizo la indagación.

En contra de Galarza se presentaron denuncias por el presunto cobro ilegal a los funcionarios de su despacho y el mal uso de documentos de la Asamblea.

La comisión investigadora se dividió en dos al tomar la decisión. Dos de sus integrantes, Raúl Tello, de Unidos por Pastaza, y Lourdes Cuesta, coidearia de Galarza, suscribieron el informe que recomendaba una sanción administrativa.

Según las normas legislativas, la sanción administrativa comprende desde una amonestación por escrito hasta una suspensión de hasta 30 días.

La bancada de CREO apoya este informe y su respaldo lo hicieron público el martes 5 de febrero acompañando a Galarza a su rueda de prensa. El segundo informe lo presentó la tercera integrante de la comisión, Amapola Naranjo, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ella asevera que hay los méritos para destituir a la legisladora de Tungurahua.

El martes 5 de febrero se ratificó que este segundo documento sí será conocido por el conjunto de los asambleístas. Hasta el momento, esta tendencia tiene el apoyo de Alianza PAIS y de Revolución Ciudadana. Para conseguir la separación de Galarza se deben conseguir 71 votos.

El martes 5 de febrero la Presidenta de la Legislatura informó que sigue el proceso administrativo para separar de su cargo a los asesores Omar Mayorga y Carmen Alvarado, que trabajan en el despacho de Galarza. Ambos supuestamente incumplieron sus funciones de trabajo. (I)