Paralelo al juicio que desde el 15 de octubre pasado se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, entablado por Chevron en contra de los abogados y los indígenas y colonos de la Amazonía afectados por la contaminación ambiental provocada por  la petrolera, la expectativa de los ecuatorianos se centra en la Corte de Ontario, en Canadá.

La decisión de dicha corte canadiense podría marcar un antes y un después, como lo señala Pablo Fajardo, procurador común de los 30 mil afectados de Sucumbíos y Orellana, ya que sería el inicio de la ejecución de la sentencia de la justicia ecuatoriana, que en 2011 condenó a la transnacional a pagar $ 19 mil millones de indemnización por el daño ambiental provocado.   

Esto porque la Corte Provincial de Sucumbíos, con base en estudios, investigaciones y testimonios, determinó que la explotación antitécnica de petróleo por parte de Texaco-Chevron causó afectación a la flora, fauna, aire, agua y la salud de los miembros de 5 nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como  a campesinos de Sucumbíos y Orellana.

Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, operó en alrededor de cinco millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en  los suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.

DATOS

Chevron, según consta en su página web (http://www.chevron.com), tiene grandes operaciones de gas y petróleo en regiones más importantes del mundo. “Vendemos gasolina y productos refinados, bajo las marcas Texaco, Chevron y Caltex”, señalan.

Pese a la contaminación dejada por sus actividades petroleras en Ecuador,  Brasil, Angola, Nigeria, EE.UU. y Bangladesh, dice: “Nuestro éxito se debe a nuestra gente y su compromiso para obtener resultados de la manera correcta, funcionamiento responsablemente, ejecutar con excelencia, aplicando las tecnologías innovadoras y capturar nuevas oportunidades de crecimiento rentable”.Pese a las pruebas e investigaciones, Chevron acusa al Ecuador de manipular a la justicia. “Hay audiencia en la Corte de Ontario, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Es una audiencia de dos días. Si logramos que esa Corte dé el aval para que siga como válida la sentencia en esa jurisdicción, será un paso importante, porque nos permitiría estar más cerca de empezar a ejecutar en el extranjero lo decidido por la justicia ecuatoriana”, le indicó Fajardo a este Diario, al referirse a las acciones que realizan para ejecutar la sentencia en países en donde la transnacional tiene activos.

Abogados ecuatorianos y estadounidenses -según se conoció- tienen identificado que los activos de Chevron en Canadá suman $ 8.000 millones. Si los jueces de la Corte de Ontario acogen el pedido de los afectados de la Amazonía ecuatoriana, aquello daría luz verde para realizar el respectivo embargo y remate.

Eso sería similar a lo que está ocurriendo en Ecuador, en donde, la semana pasada, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) hizo público que procedió al embargo de 50 marcas y sellos distintivos de Chevron en el país. De estos bienes intangibles, la transnacional seguía sacando réditos económicos a través del cobro de regalías.

Por orden judicial, esos bienes deberán ser evaluados por un perito, rematados y el producto depositado en una cuenta que, hasta tanto, será administrada por el IEPI, hasta que en algún momento, finalmente, pase a beneficiar a los afectados de la Amazonía, entre ellos, personas con cáncer.

En el caso del trámite en la Corte de Ontario, tomaría alrededor de ocho meses, dado que, de seguro, los abogados de la empresa petrolera estadounidense apelarían en el caso de obtener un fallo desfavorable.

La primera fase que deberán cumplir los abogados de los afectados es hacer reconocer la sentencia como válida: homologación de sentencia en otra jurisdicción (Ontario).

Sin embargo, si la Corte de Ontario  no acepta la petición de los afectados amazónicos, sus abogados tienen “rastreado” que Chevron posee acciones y bienes en un total de 59 países, en donde se intentaría la misma acción, hasta completar el cobro de la indemnización.

En ese sentido, ya se empezó el trámite en países como Argentina, en donde el activo de Chevron está actualmente en $ 2.000 millones, así como en Brasil, en donde los activos suman $ 6.000 millones. Si tampoco obtienen una decisión favorable en estos tres países, lo intentarán en otros (ver gráfico).

La compañía petrolera tiene activos por
$ 8.000 millones en Canadá y $ 6.000 millones en BrasilEn ese reto, hay países como Australia en donde Texaco-Chevron tiene la mayor parte de acciones, que superan los $ 40 mil millones, aunque los abogados de los ecuatorianos saben  que es un poco complejo el sistema jurídico australiano.

“El mandato de las víctimas de la contaminación de Chevron hacia mí como abogado es ejecutar la sentencia en cualquier parte del mundo, no importa lo que haya que hacer”, destacó Fajardo, quien cree que no les desmoralizará si en ese propósito recibe la negativa en varios países.

Respecto al juicio que se ventila en Nueva York por la demanda de “fraude” entablada por la petrolera contra los afectados y abogados que ganaron el proceso en Ecuador (ver subnota), Fajardo dijo que han recibido un apoyo “fenomenal” de la comunidad migrante en EE.UU., de Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, y de organismos como la ALBA y, el fin de semana pasado, el apoyo unánime de los 22 países que participaron -en Panamá- de la vigésimo novena Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano.

En Australia es en donde Texaco-Chevron tiene la mayor parte de acciones: suman
$ 40.000 millonesSin embargo, está consciente de que “Chevron es capaz de cualquier cosa” con el fin de evitar que haya justicia. Por ello dice que han entablado denuncias penales “en contra mía, de mi equipo de abogados en EE.UU. y en Ecuador”.

En 30 días, el juez Lewis Kaplan, quien preside la Corte Federal de Nueva York, emitirá su fallo, pues desde el 15 de octubre pasado viene receptando la versión de testigos y las pruebas  de Chevron. Después vendrá la intervención de los afectados ecuatorianos y sus abogados, la cual será corta y sin opción a presentar testigos o víctimas de la contaminación, porque así lo pidió la compañía y lo aceptó Kaplan.

Por ello, están seguros de que el juez emitirá  un fallo favorable a la compañía. “No tenemos ninguna duda, por todos los antecedentes de este juez racista en contra nuestra. Nadie puede pensar ni siquiera soñar que habrá justicia por parte de Kaplan. Si el fallo es negativo,apelaremos ante el Segundo Circuito en Nueva York,  segunda instancia que goza de prestigio, pues hace un año fue quien revirtió todo lo que Kaplan hizo en contra nuestra”, destacó.

TESTIMONIOS PROTEGIDOS EN EL JUICIO RICO

Ayer se reanudó el juicio bajo la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), interpuesto por Chevron Corporation en contra de los afectados por la contaminación causada por esa empresa en la Amazonía ecuatoriana y su abogado en EE.UU., Steven Dozinger. Durante el juicio en la Corte Federal de Nueva York, Chevron pidió que ayer concurrieran a declarar dos ecuatorianos en un “tribunal cerrado”, para protegerlos ante supuestas represalias.

Los únicos que podrán participar de esta audiencia serán los abogados de Donziger (Richard Friedman y Zoe Littlepage), quienes habrían firmado una orden de protección que prohíbe compartir su contenido y la identidad de los testigos.

Entre los posibles declarantes estaría Alberto Guerra, exjuez ecuatoriano, quien para hablar a favor de la compañía habría recibido $ 316 mil.

El testimonio de Guerra confirmaría las alegaciones de la multinacional sobre el presunto soborno de Donziger a un juez ecuatoriano, para que permitiera redactar la sentencia fuera de la Corte de Sucumbíos a los abogados de los afectados, en febrero de 2011.

Según la defensa de quienes están siendo enjuiciados bajo la Ley Rico -como mafiosos o miembros de una organización delictiva que busca extorsionar a la transnacional-, en estos procedimientos judiciales cerrados se plantearán cuestiones constitucionales sensibles, bajo la cláusula del debido proceso, lo que violaría la Sexta Enmienda, que garantiza a los acusados el derecho “a ser confrontados con los testigos en su contra”.

El caso es  civil y no penal, por lo que la  sexta enmienda no se aplica; sin embargo, Friedman  argumenta que  el juicio RICO incorpora conceptos de derecho penal, por lo tanto, debe ser sujeto a esa cláusula de confrontación.

Además, según consta en la página web CNNMoney, “(Donziger) sabe más sobre este caso que nadie. Ordenar su aislamiento en este asunto tan importante, obviamente, tiene un efecto directo y negativo en nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo”