La Unión de Afectados y Afectadas por la empresa Texaco-Chevron emprendieron una nueva acción judicial ante La Haya, para exigir una reparación ante los daños causados por la petrolera, durante 30 años de explotación en la Amazonía ecuatoriana.

Los afectados presentaron la demanda ante Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya sede se encuentra en La Haya (Países Bajos).

Pablo Fajardo, procurador de la Unión de Afectados, expresó que la denuncia se levanta en contra John Watson, representante de Chevron Corporation, entre otros directivos. Recordó que los representantes de la petrolera no asumen su responsabilidad ante la reparación de los daños ambientales.

"Esa actitud y ese daño son las que efectivamente provocó la intención de iniciar una nueva acción en la Corte Penal Internacional de Justicia", afirmó.

Enfatizó que la petrolera causó graves problemas a los pueblos indígenas. Dijo que la población sufrió cáncer o leucemia.

Pablo De la Vega, de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, calificó como una "impunidad corporativa". Enfatizó que alrededor de un tercio de los litigios internacionales en los tribunales de arbitraje se están llevando a cabo en América Latina y en países particularmente de Unasur.

De La Vega dijo que la petrolera goza del amparo de jueces que tenían fuertes relaciones con las propias corporaciones. "Eso ha provocado una respuesta articulada débil de varios países", dijo.